La remuneración de más de 3,5 millones de empleados públicos crecerá en 2026 un 1,5% fijo, con efectos desde el 1 de enero de ese año, y podría sumar otro 0,5% adicional si la inflación al cierre del ejercicio iguala o supera esa subida prevista.
Este esquema salarial fue pactado entre el Ministerio de Función Pública, UGT y CSIF -a los que se unió posteriormente CCOO- dentro del “Acuerdo Marco por la mejora del empleo público y el servicio a la ciudadanía”, que contempla una revalorización total de las nóminas del 11% en el periodo 2025-2028.
Para 2025 se fija un incremento consolidable del 2,5% sobre las retribuciones del año anterior. En 2026, la mejora será del 1,5% sobre los importes vigentes a 31 de diciembre de 2025, con la posibilidad de añadir un 0,5% más si el IPC al final del año iguala o supera ese 1,5%. De cumplirse esta condición, ese 0,5% extra se abonará en el primer trimestre de 2027 con carácter retroactivo.
Parte fija y parte variable
El aumento de 2026 será el único que combine una parte fija y otra variable ligada a la inflación, ya que el resto de incrementos serán exclusivamente fijos. Así, el acuerdo prevé una subida del 4,5% para 2027 y del 2% para 2028.
Aunque el pacto global para 2025-2028 establece un 11% de subida, las organizaciones sindicales calculan que, por el efecto acumulado de las distintas alzas anuales, la mejora total de las retribuciones de los empleados públicos en esos cuatro años podría alcanzar el 11,5%.
La revisión de 2026 quedó garantizada después de que en diciembre el Pleno del Congreso convalidara el decreto ley que fija la revalorización salarial del personal público para 2025 y 2026, con el único voto en contra de Vox, la abstención de Junts y el respaldo del resto de grupos de la Cámara.
Esta norma se limita a regular los elementos imprescindibles para aplicar, con efectos de 1 de enero de 2025, el incremento retributivo del personal al servicio del sector público, incluyendo las disposiciones necesarias para que pueda cobrarse ese mismo año, y para establecer, con efectos de 1 de enero de 2026, la subida correspondiente a ese ejercicio.
Las reglas sobre incremento salarial incluidas en este Real Decreto-ley se aplican a todas las Administraciones públicas: Administración General del Estado, comunidades autónomas y entidades locales. En el ámbito estatal, la subida de 2025 se hará efectiva en diciembre, abonándose como atrasos las cantidades devengadas desde enero.
El calendario de pago de los importes y atrasos de 2025 lo fijará cada Administración en su propio marco de negociación sindical. Ese abono podrá repartirse entre 2026, 2027 y 2028 o satisfacerse íntegramente en diciembre de 2025.
Implantación de la jornada de 35 horas y teletrabajo
Además, el Ministerio de Función Pública se ha comprometido a iniciar en enero la negociación para implantar la jornada de 35 horas semanales en la Administración General del Estado (AGE), con la intención de que pueda aplicarse entre febrero y marzo, según han señalado desde UGT.
Paralelamente, el Gobierno también se ha comprometido a regular el teletrabajo, asunto que se abordará en la Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado. Ambas cuestiones forman parte de las medidas pendientes del Acuerdo Marco para una Administración del siglo XXI, suscrito en octubre de 2022.
Función Pública ha constituido asimismo la comisión encargada de supervisar el cumplimiento de los compromisos recogidos en el último “Acuerdo Marco por la mejora del empleo público y el servicio a la ciudadanía” junto a UGT, CSIF y CCOO.
El acuerdo incorpora diversas mejoras en las condiciones laborales, entre ellas la eliminación de la tasa de reposición, la agilización de las oposiciones y procesos selectivos y el refuerzo de las plantillas de atención al público.
También se prevé adaptar la clasificación de los puestos de trabajo a las funciones reales, considerando la experiencia y los requisitos formativos, e impulsar procesos específicos de promoción interna mediante cursos selectivos, potenciando los concursos de méritos a través del concurso abierto y permanente.
El texto pactado contempla, además, la revisión y aumento a lo largo de 2026 de los complementos de residencia e insularidad y de las indemnizaciones por razón de servicio, con el objetivo de eliminar desigualdades entre empleados públicos; el refuerzo de los efectivos de atención al ciudadano; la actualización de permisos y medidas de conciliación; el fortalecimiento de la protección de la salud laboral, con apoyo psicológico y medidas frente a agresiones; actualizaciones retributivas del personal laboral en el exterior; mejoras en materia de jubilación, y el refuerzo de la calidad asistencial del Mutualismo Administrativo (Muface, Mugeju e Isfas).