El Tribunal Supremo de Panamá ha declarado inconstitucional el contrato que otorgó al conglomerado hongkonés CK Hutchison la gestión de dos terminales portuarias situadas en las inmediaciones del canal de Panamá. Se trata de una concesión firmada en 1997 y posteriormente ampliada, que en los últimos meses había sido objeto de reiteradas críticas por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por el peso que, a su juicio, tiene China en esta estratégica ruta marítima.
El pleno de la Corte hizo pública su resolución a través de un mensaje en redes sociales, en el que explicó que, tras una “amplia deliberación y discusión” de las demandas de inconstitucionalidad promovidas por la interventora general, Anel Flores, “contra la Ley (...), sus adendas y el acto de prórroga”, que sustentan dichos contratos de explotación portuaria, “en cumplimiento de su obligación como guardiana de la Constitución, ha decidido declarar que son inconstitucionales”.
El alto tribunal precisó además que los instrumentos jurídicos cuestionados se refieren al “contrato de concesión entre el Estado y la sociedad Panamá Ports Company” (PPC), filial de CK Hutchison, “para el desarrollo, construcción, operación, administración y dirección de las terminales portuarias de (...) los puertos de Balboa y Cristóbal”.
Estas instalaciones se han convertido en un punto neurálgico de la pugna geopolítica entre Washington y Pekín. Trump ha denunciado en varias ocasiones la presunta injerencia china en el canal y ha llegado a amenazar con colocar la infraestructura bajo control estadounidense, mientras que el presidente panameño, José Raúl Mulino, ha reiterado que el canal es una operación plenamente panameña sobre la que el país ejerce total soberanía.
La interventora general llevó en 2025 ante la Justicia la última extensión del contrato de ambas terminales, sosteniendo que el acuerdo había supuesto para Panamá la pérdida de más de 1.000 millones de dólares (838 millones de euros) en ingresos fiscales, además de afirmar que Panama Ports no obtuvo las autorizaciones requeridas para acogerse a la prórroga.
En este escenario, CK Hutchison —que tenía la intención de integrar los puertos de Balboa y Cristóbal en una operación global de terminales, cediéndolos a un consorcio encabezado por el fondo estadounidense BlackRock y la italiana Terminal Investment— dispone ahora de un margen de maniobra muy limitado. La sentencia del Supremo es definitiva y no admite recurso, de modo que solo podría plantear una solicitud de aclaración o, en su caso, acudir a un arbitraje internacional.
El pronunciamiento se produce un año después de que Donald Trump amenazara con asumir el control del estratégico paso interoceánico, alegando que se encontraba de facto bajo dominio chino y que ello suponía un riesgo para la seguridad.
El fallo puede forzar a Panamá a rediseñar el andamiaje legal que regula la adjudicación de concesiones para la explotación de puertos y, eventualmente, abrir nuevos procesos de licitación para la gestión de las terminales afectadas.
PPC ha rechazado de plano las imputaciones y reaccionó con rapidez contra la decisión judicial. “El nuevo fallo carece de fundamento legal y pone en riesgo no solo a PPC y su contrato, sino también el bienestar y la estabilidad de miles de familias panameñas que dependen directa e indirectamente de la actividad portuaria”, ha señalado la compañía en un comunicado.