El Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC), en el que se integra la Asociación del Transporte Internacional por Carretera (ASTIC), ha advertido este lunes de que podrían producirse movilizaciones y “protestas masivas” si los ministerios de Transporte, Economía y Hacienda no avanzan “de manera inmediata” en la puesta en marcha de un segundo paquete de ayudas específico para el transporte por carretera.
“Sin una rectificación inmediata, y antes del 27 de marzo, la viabilidad del sector está seriamente comprometida. De prolongarse esta situación, España podría enfrentarse a un escenario real de interrupciones en la cadena logística, con graves tensiones en el suministro de bienes esenciales derivada de la paralización progresiva de empresas incapaces de sostener su actividad con márgenes negativos”, ha señalado la organización en un comunicado.
“Además, no descartamos posibles movilizaciones y protestas masivas ante el descontento generalizado de transportistas autónomos y empresas que ven peligrar su supervivencia”, ha añadido el CNTC, que avisa de un creciente malestar en toda la cadena del transporte.
El organismo ha admitido que “algunas medidas” del Gobierno pueden considerarse “positivas” para el conjunto de la ciudadanía, pero recalca que para el transporte “no solo resultan insuficientes”, sino que “en algunos casos agravan la situación de un sector ya al límite”.
Entre esas actuaciones, el CNTC menciona la bonificación de 20 céntimos por litro de combustible que, en la práctica y “según la CNTC”, no alcanzaría ese importe, ya que deben descontarse los 5 céntimos correspondientes al gasóleo profesional, de forma que el apoyo real se quedaría en 15 céntimos.
Además, el sector denuncia que Moncloa no habría asegurado que este descuento llegue íntegro al transportista ni que quede excluido de los mecanismos de indexación del combustible, del mismo modo que reclama que ocurra con la rebaja del IVA. Esto podría desembocar en una “situación paradójica” de “bajada forzada de tarifas en plena escalada de costes”.
El Comité insiste en que es imprescindible mantener de manera estructural la figura del gasóleo profesional, más allá del contexto actual, y reclama la implantación urgente de una cláusula de indexación realmente flexible.
Según el CNTC, esta cláusula debería permitir ajustar el peso porcentual del combustible en los costes de explotación de una empresa de transporte en función del precio del litro de gasóleo, y facilitar revisiones de precios diarias o, como mínimo, semanales, de forma que se evite que el transportista cargue en solitario con las bruscas oscilaciones del mercado energético.
El CNTC calcula que, desde el inicio de la guerra en Irán, cada camión asume un sobrecoste medio cercano a 600 euros semanales en combustible, lo que para el conjunto del sector se traduciría en cerca de 450 millones de euros adicionales.
En paralelo, el Comité alerta de que las ayudas no deben estar sometidas a límites como los del régimen “de minimis”, dado que este tipo de topes impide que las compañías de mayor tamaño reciban un apoyo proporcional al incremento real de sus costes.
En este contexto, el CNTC se declara “profundamente decepcionado y desconcertado”, puesto que lo que se les trasladó en las reuniones de la semana pasada con el ministro de Transporte “dista considerablemente de la realidad de las medidas adoptadas”. Por ello, la entidad ha reclamado una reunión “urgente” con los titulares de Transporte, Economía y Hacienda para consensuar un nuevo paquete de ayudas.
El sector ha efectuado también un “llamamiento directo” a los cargadores para que apliquen correctamente la cláusula del gasóleo, ajustándola a los costes reales, y recuerda que la Ley de la Cadena de Transporte aprobada en 2022 a propuesta del CNTC prohíbe de forma expresa operar por debajo de costes.
El Comité carga igualmente contra las petroleras por trasladar de inmediato las subidas del crudo a los precios finales sin repercutir con la misma rapidez las bajadas. En este sentido, insta al Ejecutivo a vigilar estas conductas y a imponer “sanciones contundentes” si fuera necesario.
“Marzo ha transcurrido casi en su totalidad sin que se adopten soluciones efectivas, y lo perdido corre el riesgo de quedarse perdido, comprometiendo los resultados anuales de las empresas que logren sobrevivir a esta situación. Se está poniendo en peligro la principal infraestructura de nuestra economía productiva, exponiendo a las cadenas de suministro y distribución a un colapso por la falta de servicios de transporte”, ha alertado el presidente de Astic, Marco Basante.