El Tribunal de Cuentas ha puesto de manifiesto que hasta nueve sociedades públicas integradas en el Grupo Patrimonio, dependiente del Ministerio de Hacienda, no incorporan en los nombramientos de su personal directivo justificación alguna sobre la idoneidad del candidato ni sobre los méritos que acumula para ocupar el puesto.
Dentro de la estructura básica del sector público empresarial estatal, el Grupo Patrimonio agrupa sobre todo un conjunto diverso de compañías públicas de carácter no industrial, que actúan como instrumentos ágiles para la ejecución de políticas públicas específicas o como apoyo operativo a las políticas de los departamentos ministeriales a los que estén adscritas funcionalmente.
El órgano fiscalizador elaboró un informe de fiscalización sobre el área de recursos humanos de las empresas estatales no financieras del Grupo Patrimonio correspondiente a los ejercicios 2016 y 2017. De ese trabajo surgieron alrededor de quince recomendaciones en materia de personal dirigidas a las 16 sociedades del grupo y, posteriormente, el Tribunal ha revisado en qué medida han sido atendidas.
La institución que encabeza Enriqueta Chicano ha determinado que, a finales de septiembre de 2025, el nivel de aplicación de estas recomendaciones seguía siendo reducido, hasta el punto de que “un número significativo de recomendaciones continúa sin haberse cumplido”.
Falta de transparencia en la alta dirección
Aunque, en términos agregados, el organismo señala que un 36% de las recomendaciones se ha implantado de forma total o sustancial, el informe identifica como uno de los ámbitos con mayores dificultades de cumplimiento la gestión del personal de alta dirección. Ello afecta tanto a los sistemas retributivos como a los procesos de selección “por la falta de criterios homogéneos y garantías de concurrencia y transparencia”.
Entre las propuestas formuladas por el Tribunal de Cuentas y asumidas por la Comisión Mixta (Congreso y Senado) para las relaciones con este órgano figura que las designaciones y los ceses del personal directivo se acompañen de una motivación que explique el nombramiento o el cese, así como de la relación de méritos de las personas elegidas y de su idoneidad para el desempeño del cargo.
Esta recomendación no se cumple en empresas como Paradores, Loterías y Apuestas del Estado, Servicios y Estudios para la Navegación Aérea y la Seguridad Aeronáutica (Senasa) o Acción Cultural Española.
Tampoco la aplican Aguas de las Cuencas de España (Acuaes), la Sociedad Mercantil Estatal de Gestión Inmobiliaria de Patrimonio (Segipsa), la Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias (Seiasa), la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios (Iepse) ni la Sociedad Española de Estudios para la Comunicación Fija a través del Estrecho de Gibraltar (Secegsa).
Grado de cumplimiento desigual entre las empresas
Por su parte, la Empresa Nacional de Innovación (Enisa) se encuentra en proceso de aplicar esta recomendación, mientras que Expasa Agricultura y Ganadería la ha atendido solo de forma parcial. En el caso del Canal de Navarra y de Rumasa, el Tribunal considera que la recomendación no resulta aplicable al no disponer de personal directivo.
Las únicas sociedades que sí han dado cumplimiento a lo exigido por el Tribunal de Cuentas son Acuamed, la Sociedad Mercantil Estatal para la Gestión de la Innovación y las Tecnologías Turísticas (Segittur) y la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre (Seitt), esta última responsable del nombramiento en 2024 del expresidente de Correos Juan Manuel Serrano como director general.
Al mismo tiempo, ninguna de las empresas del grupo atiende la recomendación de ajustar las nóminas del personal directivo a los conceptos retributivos fijados en los contratos. Tampoco observan la indicación de adaptar los contratos al modelo facilitado por la Dirección General del Patrimonio del Estado a las particularidades de cada puesto y de cada directivo, reconociendo, en especial para los funcionarios, el derecho a percibir los trienios.
En esta misma línea, el Tribunal de Cuentas ve necesario que Paradores reforme su sistema de selección de personal temporal, sustituyéndolo por bolsas de trabajo configuradas mediante convocatoria pública. Asimismo, insta a que implante un esquema retributivo para su plantilla más sencillo, transparente y ligado a las características concretas del puesto desempeñado.