El Tribunal de Cuentas Europeo ha alertado de que el despliegue de las comunidades energéticas en la Unión Europea —proyectos en los que vecinos o administraciones locales generan y comparten su propia energía— progresa a un ritmo muy inferior al previsto y se encuentra lejos de los objetivos marcados por Bruselas.
En un informe difundido este lunes, los auditores europeos recuerdan que la UE aspiraba a que cada municipio con más de 10.000 habitantes dispusiera de al menos una comunidad energética en 2025, pero a comienzos de ese año solo se había alcanzado en torno al 27% de esa meta en el conjunto de los Veintisiete.
El estudio, que se apoya en una auditoría en cuatro Estados miembro —Países Bajos, Polonia, Italia y Rumanía— y en el análisis del papel de la Comisión Europea en el impulso de este modelo, concluye que la implantación de estas iniciativas se queda muy por detrás de lo planificado.
De acuerdo con el Tribunal, en sus primeras previsiones la Comisión Europea estimó que las comunidades energéticas podrían llegar a suponer hasta el 21% de la potencia solar y el 17% de la eólica instalada en la UE en 2030, unas proyecciones que los auditores consideran ahora excesivamente optimistas.
El documento subraya además que la legislación europea resulta insuficientemente precisa, lo que provoca dudas sobre la forma de constituir estas comunidades, cómo repartir la electricidad generada o de qué manera comercializar los excedentes.
A estos problemas se añaden otros frenos, como las demoras en la conexión de nuevas plantas a la red eléctrica o la ausencia de apoyos específicos al almacenamiento de energía.
“A medida que la UE se esfuerza por cumplir sus objetivos climáticos y energéticos, la energía dirigida por los ciudadanos sigue siendo una idea convincente: prometedora en teoría, pero difícil en la práctica”, ha señalado el miembro del Tribunal responsable de la auditoría, João Leão.
Ante este escenario, los auditores instan a la Comisión Europea a aclarar el marco normativo, reforzar el seguimiento de estos proyectos y mejorar los incentivos, en particular para facilitar la implicación de la ciudadanía y de los hogares vulnerables.
La Comisión Europea respalda las conclusiones del informe
La Comisión Europea ha acogido con “satisfacción” el informe del Tribunal de Cuentas Europeo y lo considera “un claro llamamiento” a seguir respaldando a los Estados miembro en la puesta en marcha de marcos regulatorios robustos que favorezcan el desarrollo de comunidades energéticas y el autoconsumo.
En esta línea, Bruselas recalca que estas fórmulas constituyen un elemento clave para promover iniciativas energéticas colectivas lideradas por la ciudadanía y acelerar la transición hacia fuentes de energía limpias.
El Ejecutivo comunitario comparte varias de las propuestas del Tribunal, entre ellas aportar mayor seguridad jurídica a los propietarios de viviendas en bloques de pisos, introducir estímulos para soluciones de almacenamiento de energía, definir metas más precisas y crear sistemas sólidos de registro y control de estas comunidades.
Asimismo, la Comisión toma nota de las recomendaciones dirigidas de forma específica a los cuatro Estados miembro analizados y ha indicado que dará seguimiento a las conclusiones del informe en el marco del futuro Paquete de Energía Ciudadana.
En ese contexto, la Comisión ha avanzado que prestará “especial atención a garantizar la inclusión y el acceso a las comunidades energéticas para todas las personas”, con el fin de facilitar la participación ciudadana y ampliar el alcance social de estas iniciativas en la transición energética europea.