El Tribunal de Cuentas Europeo ha alertado este miércoles de que el futuro presupuesto plurianual de la Unión Europea para el periodo 2028-2034, planteado por la Comisión y aún sujeto a negociación, incorpora un sistema de financiación más enrevesado y un cambio en la forma de gestionar el gasto que puede generar riesgos administrativos y repercutir en el reparto territorial de los fondos.
Los auditores han difundido dos dictámenes sobre las normas que regirán el gasto y los ingresos de la UE a partir de 2028, con la finalidad de ofrecer asesoramiento independiente al Parlamento Europeo y al Consejo, encargados de pactar el próximo marco financiero.
El Tribunal de Cuentas detalla que el presupuesto previsto asciende a 2 billones de euros, un 59 % más que el marco anterior, incremento que se explica sobre todo porque el nuevo periodo incluye también los pagos destinados a devolver la deuda del plan de recuperación “Next Generation EU”. Si se excluye este componente, subrayan los auditores, el aumento real es mucho más limitado y apenas pasa del 1,13 % al 1,15 % de la renta nacional bruta de la UE.
En el ámbito del gasto, el Tribunal llama la atención sobre el giro hacia una mayor centralización, ya que se propone recortar en 20 puntos la parte del presupuesto gestionada de forma compartida con los Estados miembro, lo que supondría un notable incremento de la gestión directa e indirecta a cargo del Ejecutivo comunitario.
Los auditores avisan de que este viraje puede poner a prueba la capacidad administrativa de la Comisión, al obligarla a asumir más tareas de control, seguimiento y verificación del rendimiento de los programas, y también puede incidir en la distribución geográfica del gasto, dado que las convocatorias competitivas tienden en ocasiones a concentrar recursos en los países con mayor capacidad para atraer ayudas.
Asimismo, indican que la simplificación presupuestaria propuesta por la Comisión, que reduce el número de programas de 52 a 16, solo tendrá impacto real si las normas de ejecución y supervisión se diseñan y aplican con claridad, y advierten de que persisten dudas sobre el funcionamiento de los instrumentos de flexibilidad del presupuesto.
Por otra parte, aunque el Tribunal considera que la nueva metodología de ajuste anual ofrece una mejor protección frente a desviaciones de la inflación, reclama evaluar con detalle sus posibles efectos antes de adoptar una decisión definitiva.
Nuevos recursos propios y mayor dependencia de los presupuestos nacionales
En el capítulo de ingresos, la propuesta introduce cinco nuevos recursos propios que elevarían el total a nueve, incorporando por primera vez ingresos vinculados a residuos de aparatos eléctricos y electrónicos no recogidos, derechos sobre el tabaco y contribuciones de empresas con un volumen de negocios superior a 100 millones de euros, además de los ya previstos ligados al comercio de emisiones y al mecanismo de ajuste en frontera por carbono.
La Comisión calcula que estas novedades aportarían una media adicional de 58.000 millones de euros al año, pero el Tribunal constata que el 77 % de esos ingresos extra seguirá procediendo de los presupuestos nacionales, de modo que las aportaciones de los Estados miembro aumentarán un 48 %, hasta rebasar los 208.000 millones de euros anuales en el próximo marco.
Aunque la iniciativa reduciría el peso relativo del recurso basado en la renta nacional bruta, los auditores recuerdan que este seguirá actuando como elemento de equilibrio, de forma que cualquier insuficiencia en otras fuentes deberá compensarse con mayores contribuciones nacionales.
El Tribunal valora de forma positiva la supresión de los mecanismos correctores que rebajan las aportaciones de algunos Estados, al entender que hará el sistema más transparente, pero advierte de que la incorporación de cinco nuevas vías de ingresos incrementará la complejidad global y alerta de que una tasa financiera a las empresas podría chocar con los objetivos de competitividad de la UE.
Los auditores también apuntan que los límites máximos de recursos propios deberían revisarse tras el acuerdo de un préstamo de 90.000 millones de euros a Ucrania, respaldado por el presupuesto comunitario.
Los dictámenes difundidos este miércoles se enmarcan en una serie de opiniones del Tribunal sobre el futuro marco financiero plurianual, y está previsto que la institución publique nuevos análisis en febrero y marzo, coincidiendo con el arranque de las negociaciones entre el Parlamento Europeo y el Consejo sobre el presupuesto que deberá aplicarse a partir de 2028.