La Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía (AEGE) y la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (Aelec) han instado al Ejecutivo a acometer “una reforma estructural de los costes eléctricos”, que incluya la supresión de cargas fiscales, la revisión de los conceptos regulados y un impulso decidido a la electrificación como vía para ganar competitividad y sostenibilidad. Reclaman que estas medidas se integren en el paquete que el Gobierno presentará este viernes para responder a la crisis derivada de Oriente Próximo, con el fin de “reforzar la competitividad industrial frente a la crisis del gas”.
En un escenario marcado por el encarecimiento del gas, la patronal de consumidores electrointensivos y de grandes eléctricas, en la que se integran Endesa, Iberdrola y EDP España, considera imprescindible “establecer medidas de carácter estructural y no meramente coyuntural, con el objetivo de garantizar la competitividad industrial, fomentar la electrificación y asegurar la autonomía energética”.
Entre sus reclamaciones figura la supresión del Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica (IVPEE) del 7% “de forma que se reduzca la presión sobre los costes energéticos de la industria y se mejore la competitividad de los sectores intensivos en energía, mejorando a su vez la competitividad del mercado por los beneficios que aporta la abundancia de recursos renovables”.
Asimismo, proponen revisar los componentes de la factura eléctrica que no estén directamente ligados al suministro, alineándose con las recomendaciones de la Comisión Europea a los Estados miembros, “con el objetivo de reforzar la competitividad de la industria y favorecer la electrificación de la economía”.
Las asociaciones reclaman también revisar la operación reforzada con la que trabaja el sistema eléctrico desde el apagón del 28 de abril de 2025, al considerar que su coste “se ha incrementado notablemente y está directamente expuesto al aumento del precio del gas”, junto con los costes de los mercados de operación del sistema eléctrico.
Según AEGE y Aelec, una revisión de estos elementos permitiría obtener ahorros significativos para la industria, reduciendo de manera directa los costes de producción y liberando margen para aprovechar de forma más eficiente los recursos renovables.
Del mismo modo, plantean recuperar la exención del 80% de los peajes para la industria electrointensiva, financiada vía Presupuestos Generales del Estado (PGE), y maximizar la compensación por emisiones de CO2 a los consumidores industriales expuestos al riesgo de fuga de carbono, “evitando la brecha existente en los costes de producción con los países del entorno y fomentando además la transición hacia modelos energéticos más sostenibles a través de la electrificación industrial”.
Ambas organizaciones sostienen que el incremento de la electrificación asociado a estas medidas “podría dar lugar a un incremento de recaudación” y que su puesta en marcha “permitirá mitigar el impacto que está teniendo esta crisis en la competitividad industrial en un contexto de volatilidad internacional, promover la electrificación como palanca de autonomía y sostenibilidad económica, y reducir la exposición de la industria a factores externos como la evolución del precio del gas”.