Elma Saiz, ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, ha promovido la jubilación flexible como una táctica fundamental para convertir la longevidad en un recurso que «refuerce» la viabilidad del sistema de pensiones público y asegure «la equidad entre generaciones».
Expresó estas ideas el martes en el evento ‘Aging societies: emerging challenges and opportunities for jobs, finance and care’ organizado por la ONU en Sevilla.
La ministra destacó que la jubilación flexible facilita que aquellos interesados en continuar su actividad laboral puedan extender su carrera y mejorar su pensión, contribuyendo simultáneamente al sistema.
Saiz señaló que la edad promedio de jubilación se ha elevado de 64,4 años en 2019 a más de 65,3 años actualmente, gracias a los incentivos para retrasar la jubilación, que facilitan la transición para la generación del ‘baby boom’.
Para las mujeres, la edad de jubilación ha alcanzado los 65,7 años. «Esto muestra un cambio cultural y estructural. Muchos trabajadores aún tienen mucho que aportar», dijo la ministra.
«España ha logrado consolidar unas políticas en las que la longevidad se asocia a la experiencia, la continuidad y la justicia social», afirmó Saiz, destacando que la estrategia gubernamental es «fruto de una estrategia articulada que ha combinado reformas institucionales, diálogo social y medidas de justicia intergeneracional».
1,5 MILLONES DE JÓVENES COTIZAN YA POR PRÁCTICAS NO REMUNERADAS
Además, Saiz recordó que a partir de enero de 2024, más de 1,5 millones de jóvenes cotizarán por sus prácticas no remuneradas, lo cual les permitirá acumular derechos desde su primera interacción con el mercado laboral y contar con mayor protección para el presente y futuro.
La ministra también resaltó la perspectiva de género en las reformas, con el objetivo de reducir las disparidades en empleo y pensiones. «Las mujeres no pueden seguir siendo penalizadas por haber cuidado. La igualdad debe llegar también a la jubilación», defendió.
Finalmente, Saiz mencionó que todas estas medidas han sido posibles gracias a los acuerdos alcanzados con agentes sociales, fuerzas parlamentarias y colectivos involucrados.
«La escucha activa ha sido clave. No se han impuesto reformas desde arriba, sino que se han diseñado desde el diálogo con las personas», concluyó.