Los impagos de las indemnizaciones fijadas a favor de las compañías afectadas por el recorte de las primas a las energías renovables han desembocado en el embargo de un edificio relacionado con el Instituto Cervantes en Utrecht (Países Bajos), según señalan fuentes de los fondos acreedores.
En concreto, la actuación se asocia al impago de la deuda que mantiene España por el caso Eurus, filial de renovables del grupo Toyota.
La Justicia neerlandesa, a petición de los acreedores del Reino de España, ha ordenado la medida, ya inscrita en el registro de la propiedad de Países Bajos. El embargo recae sobre un inmueble situado en el número 3 de Domplein, en pleno casco histórico de Utrecht, al que, con arreglo a valoraciones de mercado, se le atribuye un precio cercano a los 10 millones de euros, según las mismas fuentes, que contemplan ahora impulsar una posible subasta pública del activo.
El Tribunal de Distrito de La Haya autorizó el embargo tras conceder, el pasado 19 de marzo, la ejecución en territorio neerlandés de los laudos arbitrales relativos al caso Eurus. A partir de esa resolución, y una vez que España fue formalmente notificada el 20 de abril sin que abonara la indemnización correspondiente, el 24 de abril se dio luz verde al embargo ejecutivo del inmueble.
Fuentes de los acreedores subrayan que el centro del Instituto Cervantes en Utrecht no es un órgano esencial para la labor diplomática de España, al tratarse de una institución cultural que también acoge actos y conferencias, “de modo que un eventual recurso que alegue inmunidad soberana tendrá escaso recorrido, habida cuenta del tipo de propiedad y del uso que se da a la misma”.
Más litigios internacionales por el recorte a las renovables
España arrastra numerosos procedimientos judiciales en el exterior por los impagos de laudos vinculados al recorte retroactivo de las primas a las renovables. En Estados Unidos, siete de las compañías acreedoras han vencido a España, de forma que los tribunales del país han reconocido una deuda de 688 millones de euros y han permitido iniciar procesos de localización de activos del Estado español que alcanzan, por ejemplo, a la operativa de la selección española en el Mundial de Fútbol de 2026.
En Bélgica, la Justicia bloqueó recientemente 482 millones de euros que España debía cobrar por la gestión del tráfico aéreo, cantidades que han quedado consignadas para compensar a las empresas perjudicadas.
Paralelamente, la Justicia británica ha concluido ya su examen de esta disputa y, mediante una sentencia del Tribunal Supremo, ha confirmado que España es un país deudor y que debe satisfacer las cantidades pendientes si quiere evitar nuevos embargos de bienes y activos.
En la misma dirección se ha pronunciado el Tribunal Supremo de Australia, que ha reconocido cuatro reclamaciones por un total de 469 millones de euros. A ello se suma el reciente fallo del Tribunal Supremo de Singapur, que ha validado un primer laudo contra España, por un importe superior a 100 millones de euros.
Una deuda que supera los 2.300 millones de euros
En conjunto, España acumula una deuda de 2.309 millones de euros con las empresas que padecieron la retirada retroactiva de las ayudas a las renovables y que siguen soportando los reiterados impagos de estas resoluciones.
El principal asciende a 1.754,7 millones de euros, cifra que se ve incrementada en otros 545,6 millones de euros por los intereses de demora, los honorarios de asesores y despachos de abogados, así como por las condenas en costas y otros conceptos asociados.