Los empleados de la Central Nuclear de Almaraz han solicitado a los dueños de la instalación que presenten una solicitud de extensión operacional y han pedido al Gobierno central que apruebe esta solicitud para asegurar el futuro de una infraestructura vital para el sistema energético del país.
Este llamado se hizo en un manifiesto difundido ante la intensa ‘máxima preocupación e incertidumbre’ que sienten por el futuro laboral en la planta y la posible ‘catástrofe económico-social’ que afectaría a Campo Arañuelo y a toda Extremadura.
Análisis y propuestas
En el documento, que fue reportado por Europa Press, los trabajadores instan a que se ‘soliciten la renovación de la autorización de explotación más allá del horizonte actual de 2027-2028’ y que el Gobierno español ‘acepte las peticiones de dicha solicitud’.
Asimismo, exhortan a un ‘diálogo responsable y transparente’ entre gobierno y empresas para evaluar detalladamente la operación continua de las centrales nucleares, incluyendo la de Almaraz, con el objetivo de ‘evitar consecuencias catastróficas para el entorno local, para la comunidad extremeña y para el conjunto del país’.
También demandan a la Junta de Extremadura que ‘lidere este proceso poniendo sobre la mesa posibles soluciones que estén a su alcance’ para asegurar el funcionamiento de la Central, que es responsable de casi 4,000 empleos y representa un 5 por ciento del PIB regional.
El consenso reciente en la Unión Europea sobre la inclusión de la energía nuclear en la taxonomía verde, la extensión de vida de reactores en Bélgica, y la defensa de la energía nuclear por once países miembros, son puntos destacados por los trabajadores como justificación para continuar las operaciones en Almaraz, que es ‘esencial para garantizar un suministro energético estable y competitivo’ y ‘condición imprescindible para atraer nuevas inversiones estratégicas en el entorno’.
Finalizan advirtiendo que cerrar esta central sería ‘hipotecar las posibilidades de desarrollo, cohesión territorial y progreso’ y califican la ‘excepción nuclear catalana’ como un posible ‘agravio insoportable para Extremadura’. Anuncian además que inician en septiembre una serie de acciones y movilizaciones ‘para impedir el cierre de la principal industria de Extremadura’.