La Administración General del Estado ha comenzado este jueves a abonar en nómina el incremento salarial del 2,5% pactado entre el Gobierno y las organizaciones sindicales para este año, junto con los atrasos con efectos desde el 1 de enero, según ha señalado CSIF, que ha verificado que el personal de la Agencia Tributaria ha sido el primero en percibir este pago.
El departamento que encabeza Óscar López prevé que la mayoría de las comunidades autónomas puedan transferir también en diciembre estos atrasos, si bien algunas, como Madrid, Cantabria o Galicia, ya han avanzado que los incluirán directamente en la nómina de enero.
Una situación similar se da en el caso de los trabajadores de las corporaciones locales, ya que muchos ayuntamientos tenían cerrada la nómina de diciembre y carecen de recursos tecnológicos para emitir este mes un segundo pago extraordinario, por lo que el personal municipal verá reflejado este abono en enero.
Para acelerar estos pagos, Función Pública ha mantenido una reunión con representantes de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) con el objetivo de facilitar y coordinar el desembolso de los atrasos.
Cada ministerio y organismo de la Administración General del Estado decidirá el procedimiento para efectuar el pago, de forma que en algunos casos se emitirán dos nóminas diferenciadas: la ordinaria de diciembre y otra adicional con los atrasos derivados de la subida del 2,5%.
Tras este cobro, en la nómina de enero se aplicará el aumento del 1,5% previsto para 2026, contemplado en el acuerdo, que podría incrementarse en otro medio punto si el IPC de 2026 resulta igual o superior a ese 1,5%. En tal caso, ese 0,5% extra se ingresaría en el primer trimestre de 2027 con carácter retroactivo.
Los aumentos retributivos de 2025 y 2026 se enmarcan en la mejora global del 11% acordada por el Ministerio de Función Pública con UGT, CCOO y CSIF para el periodo 2025-2028.
En detalle, este 11% se reparte en un alza del 2,5% en 2025; del 1,5% en 2026, con un componente variable adicional del 0,5% ligado a la evolución del IPC; del 4,5% en 2027 y del 2% en 2028.
El pacto entre el Ejecutivo y las centrales sindicales se extiende a todas las administraciones públicas, lo que afecta a casi 3,5 millones de empleados públicos en España.
En el ámbito de la Administración del Estado, el incremento de 2025 se está materializando en este mes de diciembre, con el abono como atrasos de las cantidades devengadas desde enero de 2025.
Este pago extraordinario y puntual alcanzará a 540.000 empleados del sector público estatal. Así, para un salario medio de 3.300 euros brutos mensuales, en diciembre se ingresaría una nómina adicional en concepto de atrasos de 2025 de unos 1.140 euros.
En paralelo, el resto de administraciones públicas está fijando su propio calendario para pagar las subidas y atrasos correspondientes al ejercicio 2025, dentro de la negociación colectiva de cada ámbito. Dichos importes podrán abonarse repartidos entre 2026, 2027 y 2028 o concentrarse en un único pago ya este mes.
Aunque el incremento pactado para el periodo 2025-2028 es del 11%, las organizaciones sindicales calculan que, por el efecto acumulado de las sucesivas subidas anuales, la mejora salarial total que recibirán los empleados públicos en esos cuatro años podría situarse en torno al 11,5%.