Empleados públicos interinos que denuncian estar en “abuso de temporalidad” se concentrarán este martes, 9 de diciembre, frente al Congreso de los Diputados para reclamar su conversión en personal fijo, amparándose en la normativa comunitaria y en las resoluciones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre esta cuestión.
La movilización, prevista a las 11.00 horas, ha sido organizada, entre otros colectivos, por la Plataforma de Afectados por la Función Pública de Madrid, la Asociación Nacional de Secretarios, Interventores y Tesoreros Interinos (Ansiti) y la Asociación de Interinos Cesados y Afectados por la Función Pública (Aicafp).
Los promotores de la protesta subrayan que la tasa de temporalidad en la Administración española alcanza el 32,24%, lo que supone 979.409 empleados que, en numerosos casos, encadenan más de tres décadas en el mismo puesto, cubriendo necesidades estructurales que no han sido ocupadas por funcionarios de carrera.
“Este tipo de contratación es una práctica ordinaria y abusiva dentro de la gestión pública española, como la ha denominado el TJUE en cuatro sentencias en las que insta al Gobierno español a regularizar la situación”, afirman.
Aunque la temporalidad se ha ido reduciendo, desde Aicafp sostienen que se trata de “una treta”, ya que, en lugar de consolidar a quienes están en abuso de temporalidad, se ofertan sus plazas en procesos de oposición ordinaria, “de manera que muchos se quedan fuera y lo que se estabiliza es la plaza y no el abusado, como marcan las sentencias del TJUE”.
De acuerdo con sus estimaciones, en la primera mitad de 2025 perdieron su empleo 92.200 trabajadores temporales de la Administración, “despidos a coste cero”, pero que podrían derivar en sanciones para el Estado de hasta 3.000 millones de euros por parte de la Unión Europea, tomando como referencia una media prudente de 33.000 euros por despido.
“El abuso tiene rostro: aproximadamente el 70% de las personas afectadas son mujeres mayores de 50 años, en riesgo real de exclusión laboral. Estas personas son víctimas de un fraude masivo. Europa exige un máximo del 8% de temporalidad legal, y España está en un 32%, con más de 800.000 personas en fraude de ley. No es temporalidad: es temporalidad ilegal”, sostiene Aicafp.
Los convocantes remarcan que esta situación ha llevado a presentar 65.000 demandas ante los juzgados españoles y advierten de que, si se produjera el despido de todo el personal en situación de abuso de temporalidad, la factura en indemnizaciones, siguiendo el criterio del TJUE, podría alcanzar en torno al 2,5% del PIB nacional.
“Su ejecución inmediata provocaría un shock de déficit que obligaría a España a solicitar una dispensa ante la Comisión Europea o a emitir deuda pública de emergencia, con el consiguiente coste en intereses. Hablamos de unos 33.000 millones de euros”.
“El Gobierno español es la empresa más fraudulenta de la Unión Europea a nivel laboral, se encuentra fuera de todos los estándares marcados”, denuncian desde Aicafp.
Según sus cálculos, las comunidades autónomas, que aglutinan el 62,66% del personal total, asumirían la parte más elevada de las posibles indemnizaciones, con un impacto estimado de 21.000 millones de euros.
Así, por ejemplo, Andalucía, con 332.007 empleados públicos y una elevada interinidad en el Servicio Andaluz de Salud (SAS) y en Educación, afrontaría una posible factura de 3.900 millones de euros; Cataluña, con 258.894 empleados y una organización muy descentralizada, tendría un coste aproximado de 3.050 millones de euros; y Madrid, con 231.240 empleados y una fuerte conflictividad judicial en el ámbito sanitario, unos 2.750 millones de euros.
“Ninguna comunidad autónoma tiene margen presupuestario para absorber semejante gasto sin una quita de deuda o una transferencia extraordinaria del Estado”, advierten los convocantes.
A pesar de que el Gobierno ha anunciado recientemente su intención de ir suprimiendo progresivamente la tasa de reposición, Aicafp considera que “sería una trampa, porque saldrían a concurso público las plazas de personas que llevan ejerciendo el cargo desde hace decenas de años”.
La asociación alerta además de que la falta de medidas por parte del Ejecutivo activará sanciones coercitivas de 100.000 euros diarios tras la carta de emplazamiento de Bruselas. “Nos encontramos a un paso de que el TJUE, bajo el artículo 260, aplique estas multas millonarias”, afirma. “El Gobierno saliente nos deja una multa diaria que pagarán nuestros hijos. Exigimos la fijeza como única solución legal admitida por Europa, que no cuesta dinero”, concluye.