La Asociación Nacional de Empresarios de Transportes en Autocares (ANETRA) ha reiterado la urgencia de sacar adelante un acuerdo marco de ámbito estatal que regule el transporte escolar.
La patronal lo ha planteado durante su intervención ante la comisión de directores generales de Transporte del Ministerio y de las comunidades autónomas, en una reunión en la que también ha participado el Comité Nacional del Transporte por Carretera. En este foro, ANETRA ha insistido en que el transporte discrecional no puede continuar “al margen del nuevo modelo de sostenibilidad”.
La directora de ANETRA, Carmen González, ha señalado que, tras la aprobación de la Ley de Movilidad Sostenible, “no basta con enunciar objetivos”, y ha recalcado que ha llegado el momento de adoptar medidas regulatorias concretas que favorezcan de forma efectiva el trasvase del vehículo privado hacia el transporte colectivo.
En esta línea, la asociación ha solicitado el desarrollo de servicios de transporte regular de carácter temporal, asociados a eventos singulares o a épocas del año específicas, con el fin de ofrecer alternativas colectivas en corredores que actualmente carecen de conexiones regulares. Asimismo, ha pedido una revisión en profundidad del transporte regular de uso especial —escolar, de estudiantes y de trabajadores— para dotarlo de más flexibilidad y de una mayor capacidad de adaptación a las necesidades sociales y territoriales.
ANETRA ha puesto un foco especial en el transporte escolar, al que ha definido como “un servicio esencial para la igualdad de oportunidades, la conciliación y la seguridad de los menores, alertando de que está perdiendo peso frente a planteamientos zonales”.
La organización empresarial ha defendido la “necesidad urgente” de avanzar hacia un acuerdo marco nacional de contratación pública que establezca criterios homogéneos en materia de calidad, condiciones económicas, duración de los contratos, sistemas de revisión de precios y niveles de seguridad exigidos.
Según ha remarcado la directora de ANETRA, “La dispersión actual de criterios genera desigualdades, inseguridad jurídica y un aumento innecesario de la litigiosidad. Un marco común aportaría estabilidad, eficiencia y previsibilidad para las administraciones, las empresas y los usuarios”.