Un grupo de asociaciones empresariales y organizaciones profesionales ha reclamado la puesta en marcha de incentivos fiscales que faciliten a compañías y trabajadores por cuenta propia la adopción de los nuevos sistemas de facturación electrónica y del Verifactu, cuya entrada en vigor está fijada para el 1 de enero de 2027, con el objetivo de que la transición no suponga una carga económica excesiva.
Entre las entidades firmantes figuran Madrid Foro Empresarial, la Asociación Nacional de Empresas de Internet (ANEI), ZeroComa, PavaBits-Matrix, EasyAP, Namirial-Digital Technologies, UnifiedPost-Bankup, B2Brouter, Docuten, Spairal, Avalara y Logalty.
En una nota conjunta, estas organizaciones advierten de que la implantación obligatoria de los nuevos sistemas de facturación a partir del 1 de enero de 2027 podría poner en una situación delicada a 3,3 millones de pymes y a 3,4 millones de profesionales autónomos por un posible “colapso” en el proceso de adaptación.
Por este motivo, proponen que la implantación se realice de forma gradual y que se aprueben deducciones fiscales, siguiendo el ejemplo de las diputaciones forales vascas, que ya han articulado medidas similares.
Con esta finalidad, han registrado ante los grupos parlamentarios una enmienda de adición al real decreto ley aprobado por el Gobierno el pasado mes de diciembre, por el que se retrasaba hasta el 1 de enero de 2027 la obligatoriedad de la factura electrónica y de los sistemas Verifactu, y en la que reclaman la introducción de deducciones fiscales como incentivo para que los sujetos obligados vayan incorporando estas herramientas de manera progresiva.
Según sostienen las asociaciones, mediante dichas deducciones el desembolso necesario para poner en marcha los nuevos sistemas se vería reducido “sensiblemente”. En caso contrario, alertan de que “inevitablemente” se producirá un “colapso” en la implantación, ya que una parte muy relevante del tejido productivo pospondrá la decisión de adaptarse a los nuevos requisitos hasta el último momento.
“En el caso de los profesionales y autónomos, esta situación podría agravarse, ya que su falta de recursos económicos y humanos motivarán sin ninguna duda el aplazamiento de la toma de decisión a los últimos días previos a la efectividad de la norma”, han alertado.
Por todo ello, las entidades firmantes piden a los grupos con representación en el Parlamento que respalden la enmienda de adición en los términos planteados.
“La aprobación de esta enmienda tendrá consecuencias directas en el tejido empresarial y supondrá un avance al facilitar el cumplimiento del decreto que conlleva la digitalización de procesos administrativos al facilitar el intercambio de las facturas con clientes, con los asesores fiscales y sin duda una de las mayores ventajas es el control de pagos y como consecuencia, la reducción de la morosidad”, han asegurado.