Endesa interpone reclamo patrimonial al Gobierno por incremento en ‘tasa Enresa’

Endesa ha interpuesto un reclamo patrimonial en contra del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa), exigiendo una compensación de 454 millones de euros por los daños sufridos debido al aumento de la ‘tasa Enresa’, empleada para financiar la gestión de desechos radiactivos y la desactivación de las plantas nucleares, revelaron fuentes cercanas al caso a Europa Press.

El incremento del 30% en esta tasa fue aprobado por el Gobierno hace un año, ajustándola a los costes proyectados en el séptimo Plan General de Residuos Radiactivos (PGRR). Desde el gabinete de Sara Aagesen, se ha informado a Europa Press que ‘ha recibido una reclamación patrimonial de Endesa y su defensa ya está en manos de la Abogacía del Estado’.

Según informes de ‘El País’ este martes, la presentación de este reclamo por parte de la compañía liderada por José Bogas podría resultar en un informe del Consejo de Estado. De ser rechazado, lo cual es usual en estos casos, Endesa podría proceder a instancias judiciales, como suele ser común en estos conflictos.

El año pasado, esta ‘tasa Enresa’ se estableció en 10,36 euros por megavatio hora (MWh), un 30% más que los 7,98 euros/MWh anteriores, contribuyendo así a un fondo gestionado por Enresa, responsable de los residuos radiactivos y el desmantelamiento de los reactores nucleares.

En febrero, Iberdrola también inició una demanda contra Enresa a través de la vía contencioso-administrativa, reclamando 324 millones de euros por el mismo incremento de la tasa.

Asimismo, el mes pasado se supo que Endesa e Iberdrola habían propuesto al equipo de Sara Aagesen una solicitud para prolongar la vida útil de las centrales nucleares. Sin embargo, el Ministerio consideró que esta propuesta era ‘una declaración de intenciones’ que no respetaba las tres condiciones fundamentales establecidas por el Gobierno, que incluyen la seguridad de las personas, la garantía de suministro y que no implique un costo adicional para los ciudadanos.