Barcelona Global, Cercle d'Economia, Col·legi d'Economistes de Catalunya, Femcat, Fira de Barcelona, Foment, Pimec, RACC y las 13 Cámaras catalanas han valorado que la propuesta de reforma del Sistema de Financiación Autonómica (SFA) pactada entre el Gobierno y ERC supone una mejora relevante, aunque han recalcado que "no se puede considerar suficiente".
En un comunicado conjunto difundido este jueves, las organizaciones han indicado que la iniciativa "solo da respuesta a algunas de las demandas" que trasladaron en marzo de 2024.
Han subrayado que "esta propuesta es un punto de partida para alcanzar mayores niveles de justicia y transparencia en la financiación territorio, aunque está alejado de las cuotas de autogobierno a las que Catalunya aspira", y han definido el modelo de financiación vigente como obsoleto.
Han recordado que desde 2014 --año en el que debía revisarse el sistema-- se ha acumulado un notable desgaste en los servicios públicos, lo que "imprime un sentido de urgencia y aconseja aprovechar la ventana de oportunidad" que, han señalado, abre ahora el trámite parlamentario para profundizar en la reforma del SFA.
Las entidades han celebrado la apertura del debate en las Cortes y han reclamado a las formaciones catalanas que "trabajen juntos para garantizar" que los avances logrados se consoliden a medio y largo plazo.
En cualquier caso, han reiterado que el acuerdo debe entenderse "como un punto de partida" que, textualmente, no basta en algunos elementos que consideran imprescindible desarrollar para atender plenamente las reclamaciones formuladas desde Catalunya.
Críticas y alcance territorial
Las entidades han remarcado que el planteamiento es aplicable al conjunto de comunidades autónomas y que introduce mejoras para todas ellas.
Por este motivo, han afirmado que no comparten "las muchas críticas" vertidas, que atribuyen al hecho de que el pacto se haya cerrado entre el Gobierno central y partidos catalanes.
Han insistido en que este tipo de acuerdos ha sido el motor de las revisiones del SFA "casi siempre", y que el foco del debate debe situarse en el contenido del texto y no en su origen político.
Contenido de la propuesta
En relación con el fondo del acuerdo, han destacado que el nuevo esquema recortaría el desequilibrio financiero acumulado entre la Administración central y las comunidades en los últimos años.
También han apuntado que suprimir los fondos de cooperación y competitividad "mejora la transparencia del sistema" y limita la discrecionalidad del Ejecutivo al asignar recursos, beneficiando especialmente a los territorios más castigados por el modelo actual, entre ellos Catalunya, Murcia y la Comunidad Valenciana.
Han añadido que el mecanismo de anticipos vigente provoca "importantes dificultades de tesorería" a las autonomías, por lo que su eliminación contribuiría a reforzar la corresponsabilidad fiscal.
En cuanto al principio de ordinalidad, han señalado que "parece" que la propuesta lo respeta en el caso de Catalunya, aunque han advertido de la necesidad de vigilar su cumplimiento más allá de 2027.
Al mismo tiempo, han precisado que el sistema de financiación solo explica una parte del déficit fiscal de Catalunya y que otros elementos, como la distribución territorial del gasto, tienen un peso igual o incluso superior.
Singularidad y corresponsabilidad fiscal
Las entidades han puesto en valor que el texto abra la posibilidad de que las comunidades den pasos adelante en la gestión, recaudación, liquidación e inspección de los tributos, algo que consideran "un paso fundamental para avanzar en la ineludible necesidad" de ampliar la corresponsabilidad fiscal autonómica.
"Este paso no es fácil y se debe hacer bien", han advertido, añadiendo que resulta imprescindible garantizar la máxima eficiencia para asegurar el correcto funcionamiento del sistema de recaudación.
Asimismo, han destacado que la propuesta contempla que las competencias no hegemónicas se financien mediante una participación adicional en el IVA en lugar de a través de transferencias puntuales.
A su juicio, se trata de un "paso fundamental" para dotar al modelo de mayor estabilidad y avanzar hacia un esquema sustentado en el ingreso y no en el gasto.
Déficit público y régimen foral
Las organizaciones han advertido de que el acuerdo tiene efectos sobre el déficit público, ya que el incremento de recursos "se debe pagar" bien con un ajuste significativo --textualmente-- del gasto del Gobierno o mediante un aumento de los ingresos.
En este sentido, han propuesto como vía posible "destinar aquella parte de los aumentos de recaudación tributaria de los últimos años por encima de la tendencia prevista" para reforzar la financiación sin elevar la presión fiscal ni el déficit.
Por último, han incidido en que, mientras se mantenga el régimen foral en País Vasco y Navarra, "existirá tensión en la financiación territorial y persistirá la legítima aspiración de las comunidades autónomas de régimen común a que el trato sea igual en toda España".