ERC, Bildu y BNG mueven ficha para blindar de forma permanente el escudo social

ERC, Bildu y BNG usan la Ley de Dependencia para intentar hacer permanentes las medidas del escudo social tras la derogación del decreto en el Congreso.

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Esquerra Republicana (ERC), EH Bildu y el BNG han presentado en el Congreso un conjunto de enmiendas a la Ley de Dependencia que incorporan el contenido del decreto del denominado “escudo social”, entre ellas la moratoria antidesahucios y el veto a los cortes de agua y luz a personas vulnerables. Este movimiento llega tras la derogación del real decreto-ley este jueves con los votos de PP, Vox y Junts en la Cámara Baja.

Tras la caída de esta norma, las tres formaciones han aprovechado la tramitación parlamentaria de la Ley de Dependencia para introducir cambios que recojan las medidas del “escudo social”, con la intención de dotarlas de estabilidad, “su carácter estructural y evitar que desaparezcan”.

En este sentido, ERC, Bildu y BNG han registrado enmiendas conjuntas para incorporar en la ley la prohibición de desahucios y de la interrupción de suministros básicos a personas vulnerables, con discapacidad o en situación de dependencia.

Medidas clave para familias vulnerables

Las tres fuerzas sostienen que estas medidas son “fundamentales para millones de familias” y, por ello, plantean que la legislación incluya expresamente el veto a los desahucios y a los cortes de suministros esenciales cuando afecten a estos colectivos.

Del mismo modo, proponen elevar la cuota de viviendas reservadas a personas con discapacidad en los proyectos de vivienda protegida, adaptando además sus características constructivas y de diseño universal para asegurar el acceso y una vida cotidiana cómoda. Su propuesta pasa por aumentar del 4% planteado por el Gobierno al 7% el porcentaje de inmuebles destinados a este fin.

Por último, en las enmiendas registradas, recogidas por Europa Press, Esquerra Republicana, Bildu y el BNG reclaman también que se respeten plenamente las competencias propias de las comunidades autónomas en el desarrollo y aplicación de estas políticas.