QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
La diputada de ERC, Inés Granollers, ha cargado con dureza contra el real decreto-ley que recoge medidas urgentes para impulsar la inversión de entidades locales y comunidades autónomas, aplaza el sistema ‘Verifactu’ y devuelve a la Generalitat de Cataluña la gestión de la oferta pública de empleo y de los procesos de selección de los habilitados nacionales.
ERC sostiene que el decreto es “un auténtico churro”, un paquete que el Ejecutivo presenta como respuesta inmediata a tres cuestiones muy diferentes entre sí. “El PSOE nos demuestra que le encanta ir a volantazos. Así que hoy quizás nos permitiremos el lujo también de ir dando bandazos”, ha avisado Granollers, dejando en duda el sentido del voto de su grupo.
Desde las filas republicanas han recordado que hace apenas una semana el PSOE se posicionó en contra, en el Senado, de permitir que los ayuntamientos pudieran destinar el superávit de 2024 a nuevas inversiones. “¿Por qué tendremos ahora que votar a favor nosotros?”, ha cuestionado la diputada, que ha reprochado al Gobierno su cambio de criterio.
Granollers ha subrayado, además, que ERC ya había registrado una enmienda en la ley de Función Pública para transferir a la Generalitat la gestión de los funcionarios habilitados nacionales. “¿Por qué tenemos que votar a favor hoy?”, ha reiterado, sugiriendo que el decreto llega tarde y mal encajado.
El Gobierno justifica el real decreto-ley
Frente a las críticas, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha defendido en el Congreso que el real decreto-ley, centrado en facilitar las inversiones financieramente sostenibles de las administraciones, también ofrece una solución a la situación de los habilitados nacionales y a las demandas de los autónomos mediante el aplazamiento de ‘Verifactu’, que considera “absolutamente justos y necesarios”.
Según ha explicado, el objetivo es aprovechar la buena situación financiera de muchas administraciones, que en los últimos ejercicios han generado superávit y remanentes de tesorería. Con esta norma, los recursos obtenidos en 2024, tanto por comunidades autónomas como por entidades locales, podrán destinarse a inversiones financieramente sostenibles, con el propósito de impulsar proyectos de interés público de calado.
El texto también contempla que el Gobierno “devuelva” a la Generalitat de Cataluña la competencia sobre la oferta pública de empleo y los procesos de selección de los habilitados nacionales, cumpliendo así una de las reclamaciones planteadas por Junts. “El término correcto es devolver, porque todas las comunidades autónomas tenían esa competencia entre los años 2007 y 2013 y fue retirada, con la llegada del gobierno de Mariano Rajoy, ante la excusa de la crisis, y se centralizó lo que estaba descentralizado”, ha recordado Torres.
El ministro ha señalado que esta medida se pactó en la Comisión Bilateral entre la Generalitat y el Gobierno de España celebrada en febrero de este año, y que ahora se materializa a través del real decreto-ley.
En paralelo, la norma amplía en un año el calendario de implantación de ‘Verifactu’, el sistema que busca digitalizar la facturación empresarial. Inicialmente, estaba previsto que fuese obligatorio desde el 1 de enero de 2026 para las empresas con una facturación inferior a seis millones de euros, y desde el 1 de julio de ese mismo año para más de 3,4 millones de autónomos.
Con la prórroga aprobada, la exigencia se retrasa al 1 de enero de 2027 para las compañías con facturación por debajo de seis millones de euros, y al 1 de julio de 2027 para más de 3,4 millones de trabajadores por cuenta propia.
Vox y PP arremeten contra la cesión de competencias
Vox ha justificado su rechazo al decreto. El diputado Juan José Aizcorbe ha denunciado que el texto es “un envoltorio amable, con inversiones financieramente sostenibles y un posible alivio para los autónomos, que oculta “una alteración profunda de la arquitectura institucional del Estado”.
Para la formación de Santiago Abascal, se trata de un “obsequio” presentado como urgente y necesario, pero que en realidad encierra “una cesión competencial estructural” al devolver a Cataluña la oferta pública de empleo y la selección de los habilitados nacionales. “Hoy no discutimos sólo un decreto ley, discutimos un método de demolición institucional que usa cuerpos estatales como moneda de cambio. Hoy son los habilitados, mañana podrían ser otros vértices del Estado”, ha alertado Aizcorbe.
En la misma línea, el diputado del PP, Antonio Román, ha sostenido que el real decreto-ley no nace para dar respuesta a los problemas reales de la ciudadanía, sino para levantar “un artificio legislativo para satisfacer las exigencias del independentismo”.
“Este real decreto no puede ser convalidado por mezclar materias inconexas con una finalidad política evidente y de no cumplir el requisito constitucional de urgencia, por dañar la seguridad jurídica de los autónomos, por llegar tarde y sin diálogo en el ámbito municipal, o por romper el modelo nacional de habilitados”, ha subrayado el representante del PP.
Apoyos de BNG, Podemos, PNV, Bildu y Junts
En el bloque favorable, el diputado de Junts, Josep Pagès i Massó, ha defendido que el real decreto-ley responde a demandas concretas de sectores muy castigados por “la dejadez” del Ejecutivo central: “autónomos, pequeñas empresas, ayuntamientos son los principales afectados”.
“Con este Real Decreto-Ley lo que vemos es que el Gobierno español por fin se ha dado por enterado y ha puesto negro sobre blanco algunas de las cuestiones que tenían pendientes con nosotros. De hecho, en el Real Decreto-Ley sólo hay temas de Junts per Cataluña”, ha enfatizado Pagès i Massó.
La diputada del PNV, Idoia Sagastizabal, ha avanzado que su grupo votará a favor “por coherencia”, al entender que el texto incorpora una de sus principales reivindicaciones: permitir el uso del superávit de las administraciones para destinarlo a inversiones financieramente sostenibles. Respecto a la cesión de competencias a Cataluña, el PNV ha señalado que la respalda plenamente porque “refuerza la descentralización y la autonomía de las comunidades”.
Desde EH Bildu, Mikel Otero también ha confirmado el apoyo de su formación al decreto, que agrupa distintas medidas en varios ámbitos. “De hecho, cualquiera podría calificarlos como ómnibus, algo que generaba una gran oposición cuando lo que incluían eran medidas sociales y se convirtió en la excusa perfecta para que algunos se opusieran y rechazaran medidas de protección social para la ciudadanía”, ha rememorado.
El diputado del BNG, Néstor Rego, ha calificado el real decreto-ley de medidas urgentes para impulsar la actividad inversora de entidades locales y comunidades autónomas como “necesario y positivo”.
Podemos también ha anunciado su respaldo. Para la diputada Martina Velarde, la disposición más relevante del texto es la que favorece la capacidad inversora de comunidades autónomas y ayuntamientos. En relación con ‘Verifactu’, ha cuestionado que el Gobierno haya recurrido a un real decreto-ley para algo que, a su juicio, podría haberse modificado en un Consejo de Ministros ordinario, y que haya esperado hasta diciembre para decidir la prórroga.
No obstante, la formación morada ha expresado reparos respecto a la cesión a Cataluña de la competencia sobre los habilitados nacionales. “Esto se ha hecho sin negociar directamente con el colectivo de trabajadores que van a ver modificadas sus condiciones laborales y que hoy se manifiestan ante el Congreso”, ha lamentado Velarde.
