Esquerra Republicana ha presentado en el Congreso una proposición no de ley solicitando al Gobierno que tome acciones inmediatas para asegurar viviendas asequibles para los estudiantes universitarios. “Estudiar no puede ser un lujo que dependa también del precio del alquiler”, señala la diputada Etna Estrems.
Recientes estadísticas muestran un aumento del 14% en el coste de las habitaciones para estudiantes con el comienzo del curso 2025-2026, y un incremento significativo en el precio medio mensual durante los últimos tres años: “En Barcelona, hemos pasado de 383 euros mensuales en 2022 a los 648 euros actuales. Y la situación es igualmente alarmante en otras capitales universitarias catalanas: 400 euros de media en Girona, 370 euros en Tarragona y 320 euros en Lleida”.
“El derecho a estudiar no puede depender del hecho de que tu familia te pueda pagar o no una residencia o un piso. Hay que poner fin a la desigualdad que los precios de la vivienda están generando entre los jóvenes de Catalunya”, critica Estrems.
Esquerra lleva tiempo exigiendo soluciones a las lagunas que los propietarios han encontrado en la Ley por el Derecho a la Vivienda para evadir el límite de los alquileres, especialmente a través de contratos de temporada o de alquiler de habitaciones, que se han convertido en una nueva forma de especulación. Esta situación deja a los estudiantes sin estabilidad y los obliga a cambiar frecuentemente de vivienda, siendo a menudo expulsados en verano por el mercado turístico.
Por ello, la Proposición No de Ley insta al Gobierno español a regular los precios de los alquileres de temporada y de habitaciones, conforme a la Proposición de Ley que los republicanos también presentaron en el Congreso; y a que adopte medidas urgentes para mitigar las desigualdades que el mercado de la vivienda impone a los estudiantes universitarios. Finalmente, exigen que la falta de acceso a una vivienda asequible deje de ser un factor de discriminación por razón de clase en el acceso a los estudios universitarios.
“Es crucial que el Estado intervenga ya para terminar con esta especulación encubierta que expulsa a los estudiantes de las ciudades universitarias catalanas y limita sus opciones educativas”, enfatiza Estrems, defendiendo que “el derecho a la vivienda y el derecho a la educación deben estar interconectados”.