Escribano Mechanical & Engineering (EM&E) y la filial en España de la alemana Rheinmetall han trasladado al Ministerio de Defensa una propuesta alternativa de carácter nacional a la tecnología militar israelí para el contrato del sistema lanzacohetes de alta movilidad (SILAM). Se trata de la licitación convocada en 2023, valorada en casi 700 millones de euros, que el Gobierno dejó sin efecto el pasado septiembre al constatar que la oferta presentada por ambas compañías incorporaba tecnología procedente de Israel.
La adjudicación inicial del programa SILAM a la unión temporal de empresas (UTE) formada por Escribano y Rheinmetall se remonta a 2023, es decir, con anterioridad a la decisión de España de vetar el comercio de armamento con Israel en el marco de la política estatal contra el genocidio en Gaza y de apoyo a la población palestina. Esta medida está vigente desde su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 23 de septiembre.
“Con el objetivo de definir una solución española viable en el menor tiempo posible, la UTE formada por ambas compañías ha mantenido un intenso y continuado trabajo de coordinación con la Dirección General de Armamento y Material de la Secretaría de Estado de Defensa.
Esta labor conjunta ha permitido analizar en profundidad las necesidades operativas para este programa y las capacidades existentes, sentando las bases de un sistema plenamente alineado con los intereses estratégicos del Estado”, han subrayado ambas compañías en un comunicado conjunto.
La nueva propuesta se articula en distintas fases para desarrollar un sistema de artillería lanzacohetes concebido desde el inicio “como un programa íntegramente nacional” y que prevé la entrega de lanzadores operativos y de pruebas, además de vehículos de municionamiento, reconocimiento y puesto de mando. El plan incluye igualmente el desarrollo y la calificación de cohetes de entrenamiento y guiados.
“Este planteamiento permitirá avanzar de forma progresiva hacia la plena madurez tecnológica del sistema, asegurando su adecuación a los requisitos operativos y su sostenibilidad a largo plazo”, han agregado.
Según destacan, el SILAM se enmarca en el ‘Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa’ impulsado por el Gobierno, que sirve de paraguas para los principales programas de modernización de las Fuerzas Armadas.
En este contexto, ambas empresas recalcan que el proyecto se ajusta a las necesidades operativas de las Fuerzas Armadas, impulsa las capacidades de defensa de la Unión Europea y de la OTAN y fortalece capacidades industriales “clave”, las cadenas de suministro nacionales y la innovación tecnológica.
“El desarrollo de este sistema supone un avance significativo en el liderazgo de la industria española de defensa, al situarla en un ámbito tecnológico altamente especializado que actualmente dominan muy pocos países. La iniciativa consolida a la industria nacional como un socio estratégico fiable y capacitado para abordar programas complejos, incrementando su competitividad y proyección futura”, han añadido.
Escribano y Rheinmetall subrayan asimismo que el programa permitirá disponer de forma autónoma de la capacidad nacional para diseñar, desarrollar y fabricar cohetes guiados, lo que, a su juicio, asegura el “control soberano del conocimiento crítico y del ciclo de vida completo del sistema”.
Excepción para Airbus en el veto a la tecnología israelí
El anuncio de esta alternativa nacional al uso de tecnología israelí en el SILAM llega pocos días después de que el Gobierno aprobara, en el último Consejo de Ministros del año celebrado el 23 de diciembre, una excepción al veto al comercio de armas con Israel con el fin de posibilitar varios proyectos industriales de Airbus.
Sobre esta cuestión, la ministra de Defensa, Margarita Robles, defendió este lunes la decisión del Ejecutivo de “autorizar la transferencia de determinado material de defensa y doble uso” de origen israelí para una serie de programas liderados por Airbus --de la que el Estado posee en torno a un 4%-- por razones “comerciales”.
“El acuerdo que se tomó (la semana pasada en el Consejo de Ministros) no tiene relación con las políticas militares ni de defensa, sino con el ámbito comercial, de las exportaciones”, sostuvo Robles.
“Airbus, para poder exportar determinados materiales y para poder seguir el trabajo de determinados proyectos industriales de aviones, el A400 o el C295, necesita esa tecnología israelí, pero con una finalidad, como digo, industrial, comercial, de exportación y para nada está relacionado con el ámbito de las armas”, añadió.
En esta línea, Robles incidió en que desde el Ministerio de Defensa se ha puesto en marcha un plan de “desconexión” de la tecnología militar israelí, en coherencia con la política española contra el genocidio en Gaza y de apoyo a la población palestina.
“En el caso de (la excepción con) Airbus tiene relación con exportaciones a otros países y con el ámbito industrial y de creación de puestos de trabajo en sitios como en San Pablo, en Sevilla”, ha relatado Robles.
El pasado martes, 22 de diciembre, en el último Consejo de Ministros del año, el Gobierno autorizó de forma excepcional la transferencia de determinado material israelí de defensa y doble uso para varios proyectos aeronáuticos encabezados por Airbus, que, según el Ejecutivo, cuentan con un “gran potencial industrial y exportador”.
En concreto, se trata de los programas A400M, A330MRTT, C295 y SIRTAP (sistema de drones militares), que, de acuerdo con el Gobierno, generan “un importante efecto arrastre para el sector” y se consideran “indispensables para la viabilidad económica de las líneas de producción y preservar miles de empleos de alta cualificación en España”.
“En el caso de los proyectos señalados, no existen alternativas inmediatas para suplir con garantías determinados componentes tecnológicos imprescindibles. La imposibilidad de mantener ese comercio con Israel pone en alto riesgo la continuidad de estos proyectos en España, lo que supondría un impacto industrial, económico, de empleo y tecnológico de tal calibre que afectaría a la autonomía estratégica y a los intereses generales nacionales”, aseguró el Gobierno en las referencias del Consejo de Ministros de la semana pasada.