El gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, ha alertado este lunes de que la legitimidad de los bancos centrales se ve hoy amenazada por una “creciente interferencia política” y, al mismo tiempo, por la “tentación” de que estas autoridades entren en terrenos que sobrepasan el marco que les ha sido legalmente asignado.
A este respecto, Escrivá ha remarcado que “la independencia tiene un precio: operar estrictamente dentro del mandato legal” y que resulta imprescindible separar con nitidez qué corresponde a una autoridad independiente y qué es competencia de los poderes con legitimación democrática directa.
Durante su intervención en el Encuentro de Alto Nivel “Control externo e independencia”, organizado por el Tribunal de Cuentas en Madrid, el gobernador ha descrito una doble presión “simultánea y opuesta”: por un lado, las injerencias de gobiernos y de otros actores políticos en las decisiones de los bancos centrales y, por otro, la expansión de facto de su radio de acción hacia ámbitos de juicio político, una dinámica que, a su entender, “erosiona la legitimidad” de estas instituciones si no se mantiene dentro de mandatos precisos y evaluables fijados por los representantes elegidos en las urnas.
Escrivá ha recalcado que la tensión entre independencia y control externo “no es un problema, sino parte del funcionamiento normal y necesario de una democracia madura”, pero ha advertido de que una independencia sin mecanismos de supervisión “corre el riesgo de convertirse en opacidad”, mientras que un control que anule la autonomía puede “vaciar de contenido el mandato técnico” de los organismos de supervisión y regulación. Por ello, ha defendido una rendición de cuentas “robusta” y ajustada a la intensidad del poder delegado.
El gobernador ha citado los trabajos del exsubgobernador del Banco de Inglaterra Paul Tucker para reivindicar una cultura del “no nos hagan demasiado poderosos”, recordando que tras la crisis financiera global la propia institución británica solicitó al Parlamento acotar ciertas competencias y reforzar las salvaguardas por razones de legitimidad democrática. A su juicio, este ejemplo demuestra que la independencia no se consolida ampliando sin límite el poder, sino ejerciéndolo con fronteras bien definidas, transparencia y escrutinio público.
En el caso del Banco de España, Escrivá ha recordado que su independencia cuenta con un “anclaje jurídico claro” en el artículo 130 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que impide recibir instrucciones de gobiernos u otras entidades en el ejercicio de las funciones del Eurosistema, así como en la Ley de Autonomía de 1994, que reconoce su autonomía funcional, orgánica y financiera. Al mismo tiempo, esta normativa impone obligaciones de rendición de cuentas mediante comparecencias en el Parlamento e informes públicos como el Informe Anual y el Informe de Estabilidad Financiera.
Tras varias décadas marcadas por sucesivas crisis financieras, de deuda soberana, sanitarias y geopolíticas que han ido ampliando las funciones de los bancos centrales —desde la política monetaria a la supervisión de entidades, la vigilancia de la estabilidad financiera, las políticas macroprudenciales, la gestión del efectivo, los sistemas de pago o la participación en la gestión de la deuda pública—, Escrivá ha admitido que esta acumulación de responsabilidades ha elevado su visibilidad y exposición ante la opinión pública. Por ello, considera necesario reforzar los instrumentos de transparencia y rendición de cuentas para evitar un deterioro de la confianza ciudadana.
ÁREAS DE MEJORA EN EL BANCO DE ESPAÑA
En este contexto, ha puesto en valor el proceso de autoevaluación impulsado por el Banco de España en 2024 y 2025 con motivo del 30 aniversario de la Ley de Autonomía, que incluyó un informe externo elaborado por tres expertos internacionales. Estos especialistas avalaron la solidez de la legitimidad y la calidad técnica de las decisiones del organismo, pero señalaron ámbitos de mejora en materia de gobernanza —con pasos hacia esquemas más colegiados y revisión de las reglas de composición y nombramiento— y en el refuerzo de la transparencia y la rendición de cuentas, líneas de trabajo que el Consejo de Gobierno ha incorporado al Plan Estratégico 2030.
Escrivá ha detallado que una parte de estas mejoras podrá acometerse dentro del propio Banco de España, mientras que otras exigirán cambios normativos por parte del legislador. Ha defendido que mantener separados ambos planos forma parte de una visión “exigente” de los límites institucionales, insistiendo en que la independencia de las autoridades no electas solo es legítima si se entiende y ejerce como “poder delegado” y nunca como “poder propio o soberano”.
Por último, ha subrayado que el Banco de España y el Tribunal de Cuentas comparten la lógica de desempeñar funciones que requieren autonomía de criterio y, simultáneamente, una “particular intensidad de justificación pública”.
En esta línea, ha reiterado que la tensión sobre cómo ejercer el control sin invadir la discrecionalidad legítima “no es un defecto del sistema, sino una de sus garantías”, porque “la independencia no se protege alejándose del control, sino aceptándolo; no se refuerza con silencio, sino con explicación”, de forma que, cuando independencia y control se equilibran de manera adecuada, “no solo se fortalecen las instituciones, sino la democracia misma”.