España necesita reforzar su capacidad de integración en consorcios internacionales y en plataformas industriales conjuntas en el ámbito de la defensa si quiere esquivar el riesgo de “quedar marginada” de los principales programas europeos ante una posible fragmentación del mercado en el continente, de acuerdo con un análisis del Instituto de Estudios Económicos (IEE).
“España podría quedar marginada de los grandes programas europeos si no refuerza su capacidad para participar en consorcios transnacionales y plataformas industriales conjuntas. La integración en proyectos multinacionales es esencial para alcanzar economías de escala, ampliar el acceso a tecnología punta y garantizar una presencia duradera de la industria española en las cadenas de valor europeas”, señala el estudio introductorio de la revista del IEE ‘La industria de seguridad y defensa en España ante los desafíos geopolíticos y económicos actuales’.
En coherencia con este diagnóstico, el informe identifica como uno de los principales desafíos de la política de defensa española su “persistente dependencia tecnológica”, especialmente visible en el sector naval.
El documento subraya que España mantiene lazos estratégicos con suministradores de Estados Unidos en sistemas antisubmarinos, lanzadores y otros equipos avanzados, una situación que, según los especialistas del IEE, reduce su margen de autonomía industrial y su capacidad para plantear alternativas de origen europeo.
“Sin un plan de modernización y una estrategia de desarrollo tecnológico europeo o nacional, el país corre el riesgo de perder competitividad incluso en sus sectores más tradicionales”, remarca el estudio, que apunta que en 2025 el 58,7% de las ventas del sector en España procedieron del segmento aeronáutico, mientras que el naval aportó el 11,9%.
El IEE advierte además de que el ecosistema español de innovación representa “otro punto débil”, ya que la defensa carece de un modelo de innovación abierta y de una “cooperación fluida” entre universidades, centros tecnológicos y tejido empresarial.
“La cultura de innovación sigue orientada al cumplimiento contractual más que a la exploración tecnológica, lo que limita la competitividad en convocatorias europeas. Una reforma de este ecosistema debería fomentar la colaboración público-privada, la transferencia de conocimiento y la participación de 'startups' tecnológicas, integrando la defensa en el conjunto de la política de innovación nacional”, argumenta el IEE.
En el capítulo de oportunidades, el estudio destaca que los nuevos mecanismos de financiación comunitarios representan una “ocasión única” para dirigir fondos hacia la modernización de la base industrial y tecnológica de la defensa en España.
En esta línea, los expertos del instituto consideran que, si el país logra coordinar esos instrumentos y articularlos con su estrategia industrial, podrá amplificar el efecto de la inversión pública y captar recursos privados mediante fórmulas de cofinanciación.
“El reto será garantizar que la participación en consorcios europeos genere retornos tangibles en términos de empleo, transferencia tecnológica y capacidad productiva”, añade el documento.
El informe también pone el foco en las opciones de reindustrialización que se abren para España a la hora de consolidar su especialización en nichos donde dispone de “ventajas comparativas claras”, entre ellos el ámbito naval, la industria aeronáutica, la ciberseguridad y los sistemas de mando y control.
“Estos ámbitos pueden convertirse en industrias competitivas dentro del esfuerzo europeo por reforzar su autonomía estratégica. Una estrategia de especialización inteligente permitiría al país situarse en segmentos de alta tecnología con potencial exportador, contribuyendo, al mismo tiempo, a la cohesión industrial de la Unión Europea”, ahonda el informe.
El IEE subraya igualmente la relevancia de la posición geoestratégica de España como punto de conexión entre el norte y el sur de Europa, aunque insiste en la necesidad de armonizar la política industrial de defensa con la de Francia, Alemania e Italia y de intervenir de forma activa en los grandes proyectos europeos sin renunciar a capacidades propias.
“El reto central para España será transformar el incremento presupuestario en una política industrial de largo plazo. No basta con aumentar el gasto en defensa, es necesario orientarlo hacia la innovación, la modernización tecnológica y la creación de capacidades nacionales que refuercen la autonomía europea”, remarca el estudio introductorio en sus conclusiones.