La Comisión Europea ha iniciado un procedimiento de infracción contra España debido a demoras en la incorporación de las actualizaciones de la cuarta directiva anti-blanqueo de capitales y por la implementación parcial de ciertas disposiciones del reglamento sobre transferencias de fondos.
El Ejecutivo español dispone ahora de un plazo de dos meses para dar respuesta a esta ‘carta de emplazamiento’, pero si las justificaciones no convencen a la Comisión, podría llevar el asunto ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE).
Además de España, la Comisión ha abierto expedientes similares a Bélgica, Polonia y Portugal por no adaptar a tiempo las modificaciones de la mencionada directiva y por no comunicar a Bruselas las regulaciones sobre sanciones administrativas y otras medidas necesarias para cumplir con el reglamento.
Este reglamento sobre transferencias de fondos actualiza y extiende el alcance del anterior, relacionado con la información que debe acompañar a las transferencias de fondos, y modifica la directiva contra el blanqueo de capitales.
La finalidad de este cambio normativo es establecer nuevos requerimientos que fortalezcan la prevención del blanqueo de capitales, especialmente mediante el mal uso de criptoactivos.