España se ha afianzado como uno de los países de Europa occidental con “mayores barreras” al emprendimiento juvenil, debido a unas cuotas de autónomos que, según la Fundación para el Avance de la Libertad (Fundalib), pueden llegar a absorber hasta el 40% de los ingresos de los jóvenes que inician un proyecto por cuenta propia.
En un informe reciente, la entidad sostiene que el sistema actual de cotización de los autónomos funciona como un freno para quienes quieren emprender a edades tempranas, al exigir pagos fijos desde el primer momento, incluso cuando los ingresos son muy bajos o todavía inexistentes. De este modo, considera que se trata de un modelo que “castiga el inicio de la actividad” y “desincentiva la iniciativa empresarial”.
El documento detalla que un emprendedor con ingresos mensuales por debajo de 670 euros está obligado a pagar en torno a 200 euros en cuotas a la Seguridad Social, lo que representa aproximadamente el 30% de su renta. Ese porcentaje, añade Fundalib, puede elevarse hasta el 40% si la facturación desciende hasta los 500 euros al mes.
La fundación contrasta esta realidad con la de otros países europeos como Reino Unido, Irlanda o Francia, donde se han implantado esquemas más flexibles que ajustan las aportaciones a la Seguridad Social a los ingresos reales del trabajador autónomo o incluso las suprimen en las primeras etapas, cuando la facturación es reducida.
Además, reprocha que España siga sin incorporar a su normativa la directiva comunitaria que permitiría liberar de determinadas obligaciones administrativas a quienes no superen los 85.000 euros de facturación anual, lo que, a su entender, mantiene un marco “excesivamente rígido” para los pequeños negocios y los nuevos autónomos.
En el terreno político, la organización alude al debate celebrado en el Congreso de los Diputados sobre la puesta en marcha de una “cuota cero” para los autónomos que padecen enfermedades graves, una propuesta que no salió adelante al no recibir el respaldo del Gobierno, que apeló a la necesidad de garantizar la sostenibilidad financiera del sistema.
Fundalib pone el foco también en la situación de la Seguridad Social, que, según recuerda, dispone de un fondo de 1.446 millones de euros procedente de las cotizaciones por cese de actividad y, pese a ello, rechaza cerca del 60% de las solicitudes de prestación presentadas por los trabajadores por cuenta propia.
Aunque España suma más de tres millones de autónomos, una cifra próxima a máximos históricos, la fundación alerta de que el 30% de ellos cerró 2025 con pérdidas y de que la tasa de abandono en los primeros años de actividad continúa siendo muy elevada, especialmente entre los más jóvenes, lo que acelera el envejecimiento del colectivo.
La entidad concluye que el modelo vigente no funciona como una auténtica red de protección, sino como una “trampa de pobreza” que empuja a muchos jóvenes a elegir entre la precariedad laboral, la emigración o asumir unos costes muy elevados antes de poder obtener beneficios, y reclama cambios normativos que impidan penalizar el riesgo emprendedor en sus etapas iniciales.