El Gobierno español ha expresado su malestar por la denuncia del Parlamento Europeo sobre diversos aspectos del acuerdo comercial entre la UE y Mercosur, y mantiene su confianza en que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) terminará avalando la solidez jurídica del texto, “porque no difiere en estructura ni contenido de otros ya aprobados con terceros países”.
“El hecho de pedir una opinión al TJUE sobre competencias y compatibilidad con los Tratados es un procedimiento habitual”, han indicado fuentes del Ministerio de Economía, que restan dramatismo a la consulta planteada desde la Eurocámara.
El Ejecutivo subraya, además, que los cauces previstos, incluso con la solicitud de dictamen al TJUE, permiten que el acuerdo pueda aplicarse de forma provisional tan pronto como uno de los países de Mercosur complete su ratificación.
En esta línea, el departamento que encabeza Carlos Cuerpo ha insistido en que “seguiremos trabajando con nuestros socios y con Mercosur para mantener el impulso y avanzar en la entrada en vigor de este acuerdo, que es de gran importancia especialmente en estos momentos de inestabilidad geopolítica”.
Cada mes de retraso acarrea costes económicos elevados
De acuerdo con el Ministerio de Economía, la puesta en marcha del pacto representaría un impulso notable para el tejido empresarial, al abrir más oportunidades de exportación, rebajar obstáculos al comercio y generar un efecto económico favorable.
El convenio prevé la eliminación de más del 90% de los aranceles aplicados a las ventas europeas a los países de Mercosur, lo que se traducirá en un ahorro superior a 4.000 millones de euros anuales en tasas para las compañías de la UE.
“Cada mes de retraso en la entrada en vigor del acuerdo UE-Mercosur implica costes relevantes para nuestra economía y para la competitividad de nuestros sectores”, ha recalcado el Ministerio.
Un análisis reciente de ECIPE calcula que, por cada mes que se pospone la aplicación del acuerdo UE-Mercosur durante 2026, se dejan de generar 4.400 millones de euros de PIB y se pierden 3.000 millones de euros en exportaciones.