España ha decidido reorientar 3.200 millones de euros procedentes de los fondos de cohesión hacia nuevas prioridades como la competitividad económica, el ámbito de la defensa y la política de vivienda. Este cambio se enmarca en el ajuste impulsado por la Unión Europea, que ha redistribuido en total 34.600 millones de euros para adaptar estos recursos a las necesidades actuales.
“El mundo ha cambiado y sigue cambiando. Continuar invirtiendo según las prioridades fijadas en 2019 y 2020 ya no era posible”, ha señalado el vicepresidente comunitario de Cohesión y Reformas, Raffaele Fitto. Junto a la vicepresidenta de Empleo, Roxana Minzatu, ha presentado las conclusiones de la revisión intermedia de estos fondos y ha detallado cómo se han ido redirigiendo hacia ámbitos que la UE considera estratégicos.
El responsable comunitario ha indicado que esta revisión ha permitido modificar 186 programas —137 de carácter regional y 49 nacionales— en 25 Estados miembro, con la finalidad de ajustar las inversiones a un escenario marcado por la guerra en Ucrania, la transición energética y los desafíos industriales.
En el caso de España, la reasignación se realiza dentro del paquete de 35.562 millones de euros asignados al país para el periodo 2021-2027, lo que sitúa a la economía española entre las que registran un mayor volumen de ajustes. Solo la superan Polonia, con más de 8.000 millones, e Italia, con más de 7.000 millones, mientras que Portugal, con 2.500 millones, y Alemania y Grecia, con importes cercanos a los 2.000 millones, quedan por detrás.
La mayor parte de los recursos reasignados en España se destina a reforzar el tejido productivo y la innovación, que concentran 2.137 millones de euros. El resto se reparte entre seguridad y preparación (435 millones), acceso a la vivienda (268 millones), gestión del agua (180 millones) e infraestructuras energéticas (181 millones).
Este patrón refleja la tendencia general en la UE, donde la competitividad también absorbe la mayor parte de los fondos, con 15.200 millones de euros, seguida del capítulo de defensa, que suma 11.900 millones. Por su parte, vivienda, agua y energía reciben 3.300, 3.100 y 1.200 millones, respectivamente.
Fitto ha recalcado que no se trata de “compromisos sobre el papel”, sino de recursos ya disponibles para su ejecución, y ha insistido en que el proceso ha sido voluntario para los Estados miembro, acompañado de incentivos como una mayor prefinanciación y tipos de cofinanciación más elevados.
Minzatu ha puesto en valor que esta revisión refuerza la política de cohesión como herramienta esencial para hacer frente a los nuevos retos, al permitir a la UE y a los países actuar “con rapidez y de manera eficaz” ante prioridades como la competitividad, la preparación o la transición verde.
Además, ha remarcado que una parte de los fondos se dirigirá al refuerzo de capacidades y a la formación, incluyendo áreas como la inteligencia artificial, la ciberseguridad o la preparación ante emergencias, sin abandonar objetivos tradicionales como la inclusión social y la lucha contra la pobreza.