La Comisión Europea ha otorgado a España un aplazamiento de seis semanas, que fue solicitado recientemente, para formular una respuesta al caso de infracción iniciado en julio. Esta situación surgió debido a que ciertas leyes nacionales proporcionan al Gobierno la capacidad de obstaculizar acciones como la OPA de BBVA a Sabadell.
Fuentes cercanas al caso revelaron a Europa Press que la Comisión Europea ha decidido extender el plazo en respuesta a la petición enviada por el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa.
Desde Bruselas, se plantean interrogantes acerca de si la adaptación de dos normativas europeas requiere una revisión considerable, y si la intervención gubernamental en este asunto se justifica por un auténtico interés público.
Además, se considera inapropiado que las decisiones de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) sean elevadas al Consejo de Ministros en temas bancarios. Sin embargo, este procedimiento no tendrá un impacto directo en la transacción de BBVA con Sabadell, aunque sí genera preocupaciones sobre cómo la legislación española se alinea con el Derecho de la UE.
El Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, ya en julio, prometió una cooperación constructiva para esclarecer «cualquier diferencia jurídica o técnica». Se enfatiza que las normas en cuestión por Bruselas han estado en vigor durante muchos años y se han aplicado en múltiples ocasiones desde su implementación. La ley de Defensa de la Competencia se estableció en 2007 y la ley de Solvencia de las Entidades de Crédito en 2014.