QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Según un reciente análisis del Banco de España, unificar los criterios del impuesto sobre sucesiones y donaciones conforme a la legislación estatal podría aumentar su recaudación hasta un 0,7% del PIB, lo que representa un aumento de medio punto porcentual.
El informe, titulado ‘El posible impacto recaudatorio de algunas reformas hipotéticas del impuesto sobre sucesiones y donaciones’, fue publicado por el banco este martes.
El estudio revela que este tributo, que es competencia de las comunidades autónomas, generó un 0,23% del PIB en España en 2023, una cifra superior al 0,15% promedio de la Unión Europea. La recaudación fue comparable a la de Alemania y Dinamarca, pero inferior a la de Francia y Bélgica, donde se alcanzaron el 0,8% y el 0,6% del PIB, respectivamente. Notablemente, países como Portugal, Austria y Suecia no aplican este impuesto, ya sea ‘de facto’ o ‘de iure’.
Desde el Banco de España, dirigido por José Luis Escrivá, se señala que la recaudación de este impuesto varía significativamente entre las comunidades autónomas. En 2023, las cifras más altas se registraron en Baleares, Asturias, Cataluña y La Rioja, todas superando el 0,3% de su PIB. Por otro lado, Extremadura, Andalucía y la Región de Murcia presentaron los menores ingresos, quedando por debajo del 0,15% del PIB.
Utilizando un modelo de microsimulación, el Banco de España calculó que la armonización de los parámetros del impuesto a nivel nacional podría elevar la recaudación desde el 0,23% actual hasta el 0,74% del PIB, lo que equivale a un aumento de los ingresos de 3.200 millones a 10.200 millones de euros. ‘Esta cuantificación parte del supuesto de que las modificaciones introducidas en el tributo no inducirían cambios sustanciales en el comportamiento de los agentes económicos’, explican Isabel Micó y Roberto Ramos, autores del estudio.
En su análisis, el Banco de España propone varios escenarios hipotéticos. En uno de ellos, eliminando bonificaciones sobre la cuota, la recaudación podría alcanzar el 0,43% del PIB (5.900 millones de euros), y con la adopción de la tarifa de referencia estatal, podría llegar al 0,46% (6.400 millones). Agregando reducciones por parentesco y demás parámetros de la normativa estatal, los ingresos podrían incrementarse hasta el 0,67% (9.200 millones) y el 0,74% del PIB (10.200 millones), respectivamente.
Estos incrementos se verían especialmente en comunidades como Madrid, Cataluña y Baleares, dependiendo de las características específicas de la reforma aplicada.
