Euskadi planea una hoja de ruta en septiembre para la futura tasa turística de 2026

El consejero de Turismo, Comercio y Consumo, Javier Hurtado, ha expresado su deseo de implementar para el año 2026 el impuesto a las estancias turísticas en Euskadi. Este impuesto no tiene como finalidad ‘retraer turistas’, sino asegurar que quienes visiten el País Vasco ‘contribuya en la generación de recursos que repercutan en nuestros pueblos’. Además, Hurtado anticipa que en septiembre se presentará una ‘hoja de ruta’ para esta tasa, la cual será ‘homogénea y generalizada’ para todos los ayuntamientos de la región.

En sus declaraciones a Onda Vasca, recogidas por Europa Press, el consejero ha afirmado ser ‘un firme convencido’ de la necesidad de este impuesto y ha destacado que su implementación busca que los visitantes ‘contribuyan a mantener y a cuidar Euskadi’. Resaltó que en Europa, más de 21 países ya cuentan con este tipo de impuestos y que estos han demostrado ser beneficiosos para las economías locales sin disminuir la afluencia de turistas.

Hurtado también mencionó un acuerdo preliminar con las tres Haciendas forales y el inicio de una consulta pública sobre la normativa. ‘Gracias al trabajo riguroso que hemos hecho dentro del Gobierno de coalición hemos conseguido aterrizarlo en la arquitectura institucional y se ha iniciado el proceso, que esperemos de sus frutos en los próximos meses y podamos verla ya implantada a lo largo del año 2026’, explicó.

El consejero subrayó la intención de trabajar en un impuesto municipal con normativa foral en los tres territorios, buscando uniformidad para todos los municipios de Euskadi. Además, recalcó que el objetivo es que los beneficios del turismo ‘repercutan en nuestros pueblos, en nuestras ciudades, en los que vivimos aquí y también los que nos visitan’.

Por otro lado, Hurtado comentó sobre las perspectivas ‘positivas’ para el turismo de verano y la importancia de un crecimiento sostenible. Además, señaló el trabajo en una nueva Ley de Turismo y las medidas proactivas en la regulación de pisos turísticos, incluyendo acciones específicas contra plataformas que no cumplen con la normativa, como el requerimiento reciente a Airbnb para retirar 700 anuncios.

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