Los exconsellers de Economía de la Generalitat Antoni Castells, Natàlia Mas y Jaume Giró han coincidido en reclamar que el Govern intensifique las negociaciones para que la Generalitat asuma la gestión del IRPF abonado por los contribuyentes catalanes.
Han expresado esta posición este lunes durante la inauguración del acto “La Catalunya que volem”, impulsado por el Col·legi d'Economistes de Catalunya y presentado por la consellera de Economía y Finanzas, Alícia Romero.
Los tres exresponsables económicos han defendido igualmente que el futuro modelo de financiación autonómica respete el principio de ordinalidad.
Mas ha reclamado que “el IRPF no se puede volver a poner en el cajón” y ha pedido continuar avanzando en la negociación para que este impuesto se recaude en Catalunya.
En cambio, Giró ha advertido de que la Agència Tributaria de Catalunya (ATC) “no está preparada para recaudar todo el IRPF”, y ha reclamado que la ordinalidad quede garantizada en el nuevo sistema de financiación.
Castells se ha mostrado de acuerdo en que la Generalitat debe trabajar para “administrar sus propios impuestos” y ha afeado que Catalunya reciba menos impuestos de los que paga.
Déficit fiscal y modelo de financiación
Mas ha lamentado que el déficit fiscal catalán “representa el 10% del PIB de Catalunya”, algo que, ha señalado, condiciona el margen de gasto en ámbitos como la educación y la sanidad.
Giró ha subrayado que Catalunya afronta numerosos desafíos y carencias, pero ha remarcado que “el principal es la infrafinanciación crónica y endémica” de la Generalitat.
Castells ha recordado que el Estatut d'Autonomia vigente establece que Catalunya debe recibir un volumen de inversiones equivalente a su peso en el PIB español, y ha criticado que esta previsión no se haya respetado.
Infraestructuras y ejecución de inversiones
Al ser preguntados por la situación de las infraestructuras, Castells ha señalado que es posible planificar proyectos e inversiones, pero ha advertido de que “si después no se hacen, no sirven de nada”.
Giró ha incidido en que la falta de ejecución “no siempre es culpa de los de fuera” y ha apuntado a la ausencia de acuerdos políticos suficientes para sacarlas adelante y a que, cuando se logran, a menudo se encuentran con contestación ciudadana.
Mas ha indicado que el grado de ejecución de las inversiones que dependen de la Generalitat ronda el 85%, mientras que el de las que corresponden al Estado no llega al 50%, y ha defendido que una inversión continuada en infraestructuras, capital humano y tecnología es “imprescindible para crecer”.