Prolongar el funcionamiento de la central nuclear de Almaraz (Extremadura) hasta 2030 supondría incorporar un sobrecoste total de 3.831 millones de euros a la factura de la luz, de acuerdo con el informe “Cierre nuclear y transición energética: El caso de Almaraz Análisis de impactos económicos y ambientales”, elaborado por la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) a petición de Greenpeace.
El trabajo, presentado este martes y realizado por el director de la Cátedra de Transición Energética de la URJC, Eloy Sanz, junto al investigador de la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC) Víctor García Carrasco, concluye que el apagón escalonado de Almaraz es “técnicamente viable, ambientalmente favorable y económicamente más eficiente que su prórroga”.
Para sustentar estas conclusiones, los autores han empleado simulaciones horarias detalladas para el periodo 2026-2033, en las que se tienen en cuenta la evolución esperada de la demanda eléctrica, el despliegue de renovables, el desarrollo del almacenamiento, el calendario de cierre nuclear y la formación de precios en el mercado mayorista.
Según el análisis económico, mantener operativa Almaraz más allá de las fechas previstas aliviaría “transitorio” y de forma limitada el precio medio de la electricidad y la factura de los hogares entre 2028 y 2030. No obstante, a partir de 2031 se produciría un encarecimiento sostenido de ambos indicadores. Para 2033, el precio del mercado mayorista podría alcanzar los 63,5 euros por megavatio hora (euro/MWh).
Este nivel implica un aumento del 9,5% frente a los 58 euro/MWh estimados en el escenario en el que se respeta el cierre planificado. “En términos de factura para los consumidores finales, esta diferencia se materializa en un sobrecoste acumulado de hasta 3.831 millones de euros”, ha explicado el estudio.
La central de Almaraz inició su actividad entre 1983 y 1984. Con el calendario de clausura actualmente en vigor, cesaría su operación entre 2027 y 2028. Sin embargo, el año pasado las compañías propietarias solicitaron formalmente una extensión hasta 2030. El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) analiza ahora la viabilidad de esa petición y prevé publicar su dictamen en verano.
En cualquier caso, la decisión definitiva recae en el Gobierno, que ha fijado tres condiciones básicas: garantizar la seguridad radiológica, asegurar el suministro eléctrico y evitar que la prórroga suponga un mayor coste para la ciudadanía. En este contexto, los investigadores de la URJC y la UPC sostienen que la ampliación de la vida de la planta no supera el filtro de la viabilidad económica “al generar mayores costes acumulados para la ciudadanía, frenar la transición energética y aumentar las emisiones a medio plazo”.
“El mantenimiento del calendario de cierre acordado se revela, por el contrario, como la opción más coherente con los objetivos de descarbonización, estabilidad del sistema eléctrico y competitividad económica de España”, han señalado los autores del informe.
El documento detalla que, según las simulaciones, la producción de Almaraz puede ser sustituida casi por completo por generación renovable. Así, la nueva potencia verde prevista llegaría a cubrir el 96,4% de la energía que dejaría de aportar la central extremeña, además del incremento de la demanda en los años inmediatamente posteriores al cierre programado (2028-2029). “No se observa, por tanto, una dependencia estructural del gas asociada al cierre en los términos actualmente acordados”, han indicado.
En contraste, los autores subrayan que prolongar la operación de Almaraz retrasaría “de forma significativa” la incorporación de nueva capacidad renovable y de almacenamiento. Como resultado, la cuota de cobertura renovable del sistema en 2030 caería del 65,8% al 59,3% si se pasara del cierre previsto a una prórroga.
Además, este escenario de extensión de vida útil debilitaría las señales de inversión y lastraría de manera estructural el despliegue de renovables y almacenamiento. Según los cálculos del estudio, ello “provocaría una térdida acumulada de inversión de hasta 26.130 millones de euros entre 2026 y 2033”. Si se optara por el cierre en las fechas ya acordadas, los expertos estiman que podrían disminuir los vertidos de renovables e integrarse más de 3,8 teravatios hora (TWh) anuales de energía limpia actualmente desaprovechada, una cantidad equivalente a aproximadamente la mitad de la producción anual de un reactor nuclear en España.
Impacto en emisiones y uso de gas
En el ámbito de las emisiones, Sanz y García Carrasco señalan que la prórroga de la central reduciría temporalmente el uso de gas entre 2028 y 2030, pero conduciría a un sistema eléctrico estructuralmente menos renovable a partir de 2030, lo que se traduciría en más emisiones en el medio plazo.
Entre 2026 y 2033, los escenarios con prórroga acumularían entre 5,8 y 12,3 millones de toneladas métricas de dióxido de carbono (MtCO2eq) adicionales respecto al cierre ya programado. “(Esto equivale) a las emisiones de todos los hogares de Extremadura durante seis años o a las de un vehículo de gasolina que diera más de un millón de vueltas a la Tierra. Solo estas emisiones implicarían un coste de hasta 984 millones de euros en derechos de emisión, repercutido directamente en el precio de la electricidad”, han detallado.