La Junta de Extremadura ha tildado de chantaje la oferta del Gobierno central en relación con su Plan Estatal de Vivienda tras la reunión de este lunes con las comunidades autónomas.
El gobierno regional ha expresado su descontento ante la exigencia de que las comunidades aumenten significativamente su contribución al Plan, sin que el Ministerio de Vivienda haya entregado una propuesta concreta, ni un borrador de decreto, ni tampoco un desarrollo de las iniciativas.
La Junta ha criticado que el Ejecutivo central no busca un acuerdo conjunto en este tema, sino que intenta dividir a las autonomías, buscando crear una España de distintas velocidades y sin criterios uniformes de igualdad, como ocurre con la financiación autonómica, llegando a acuerdos solo con comunidades afines.
Por esta razón, han afirmado su rechazo total al nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, calificándolo de maniobra opaca y arbitraria que profundiza la división territorial y rompe el principio de equidad en políticas públicas esenciales como es el derecho a la vivienda.
DOCUMENTO AUSENTE DE TRANSPARENCIA Y REPARTO Y GARANTÍA JUSTOS
En un comunicado, la Junta ha mencionado que el documento distribuido a las comunidades se presenta como un acuerdo planificado, pero en realidad solo impone un esquema cerrado, sin auténticos mecanismos de cogobernanza ni criterios claros de distribución o garantías de corresponsabilidad justa.
El Plan obliga a las comunidades a cofinanciar el 40 por ciento, sin especificar las condiciones, criterios o límites para evaluar el cumplimiento de los objetivos. Todo condicionado a convenios individualizados que permiten al Gobierno central discriminar y premiar según afinidades políticas.
La Junta ha destacado especialmente la gravedad de las cláusulas que permiten incrementar las ayudas solo en las llamadas zonas tensionadas. Esta medida, a su juicio, promueve un modelo discrecional, desigual e injusto, excluyendo a comunidades como Extremadura que enfrentan desafíos significativos de acceso a la vivienda en áreas rurales, sin ser consideradas zonas tensionadas.
Así, la Junta de Extremadura se niega a aceptar un chantaje político disfrazado de acuerdo por la vivienda que compromete su autonomía y sus capacidades para desarrollar políticas de vivienda ajustadas a su contexto social, económico y territorial.
El Ejecutivo central repite una estrategia que ya ha utilizado en otros ámbitos como la financiación autonómica y la condonación de deuda: favorecer a los que políticamente le apoyan y penalizar a los que defienden un modelo de país basado en la igualdad de oportunidades y solidaridad entre territorios.
Por lo tanto, la Junta exige un Plan Estatal de Vivienda que respete la diversidad territorial, asegure un acceso equitativo a los recursos públicos y se organice a través de una gobernanza clara, compartida y transparente. No acepta imposiciones ni discriminaciones ocultas bajo fórmulas técnicas que solo buscan afianzar una política de favoritismos, ha concluido la Junta.