El Gobierno ha dado luz verde a un real decreto que obliga al uso de la factura electrónica B2B en todas las operaciones entre empresas y profesionales. Esta medida busca avanzar en la digitalización del tejido productivo, reducir la morosidad comercial y garantizar que las empresas, especialmente las pymes, cobren con mayor rapidez y seguridad.
Con esta normativa, la factura electrónica B2B se define como un fichero estructurado y legible de forma automatizada, dejando atrás formatos como PDF, hojas de cálculo o papel. Además, las empresas deberán comunicar el estado de cada factura, incluyendo su aceptación y la fecha efectiva de pago, lo que añade transparencia y facilita el control de las transacciones.
Alternativas para intercambiar facturas electrónicas
Las empresas podrán optar por dos vías para gestionar sus facturas electrónicas. La primera consiste en usar plataformas privadas, que deberán estar interconectadas para que ningún proveedor se vea obligado a operar en la plataforma de su cliente. La segunda opción es la solución pública y gratuita desarrollada por la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), abierta a cualquier empresa o profesional, incluyendo autónomos con un volumen reducido de facturas mensuales.
La implementación será escalonada: un año para empresas con facturación superior a 8 millones de euros y dos años para el resto, contados desde la publicación de la orden ministerial, prevista antes del 1 de julio de 2026. Por lo tanto, la obligación de uso previsiblemente se extenderá hasta julio de 2027 o de 2028, dependiendo del tamaño de la empresa.
Según el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, lo que se pretende con este real decreto “es facilitar la adopción de esta medida en particular por las pymes y establecer, por lo tanto, un período transitorio suficientemente amplio atendiendo además al tamaño de las empresas de los sujetos obligados”.
Este real decreto se aprueba en paralelo a otro proyecto del Ministerio de Hacienda, conocido como Verifactu, que ya ha entrado en vigor, aunque sus efectos prácticos se posponen hasta 2027. Mientras Verifactu está orientado a combatir el fraude fiscal y establece obligaciones para los desarrolladores de programas de facturación, la factura electrónica B2B está pensada para simplificar la gestión administrativa de las empresas y reducir costes operativos.
Ahorros y eficiencia para empresas y pymes
El decreto se integra en la estrategia europea de digitalización del IVA, alineada con la iniciativa VIDA de la Comisión Europea, y desarrolla el artículo 12 de la Ley Crea y Crece (18/2022). El Gobierno destaca que la factura electrónica B2B permitirá ahorros significativos de tiempo y costes, al automatizar la gestión de cientos o miles de facturas anuales en formato estructurado, evitando la introducción manual de datos desde PDF o papel. Este sistema ya se ha adoptado en sectores como gran consumo, automoción, suministros sanitarios, hostelería y agencias de viaje.
En la actualidad, España intercambia más de 550 millones de facturas electrónicas al año, con un ahorro estimado superior a 2.700 millones de euros. Como referencia, en Italia, donde el sistema B2B funciona desde 2019, se gestionan más de 2.000 millones de facturas electrónicas al año. “Cuando lleguemos a ese nivel de 2.000 millones de facturas electrónicas al año, estimamos unos ahorros de más de 8.000 millones para el conjunto de empresas de nuestro país”, indicó Carlos Cuerpo.