La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) considera que el Real Decreto-ley 7/2026 aprobado por el Gobierno para responder al impacto de la crisis en Oriente Próximo introduce cambios de gran calado en la normativa energética. A su juicio, el texto incorpora mejoras significativas para el funcionamiento del sistema eléctrico, aunque alerta del riesgo de emplear el acceso a la red eléctrica “como instrumento de una política industrial intervencionista”.
En un análisis elaborado por el profesor Diego Rodríguez, el 'think tank' explica que la norma impulsa modificaciones estructurales en materia de acceso y conexión, planificación de redes, despliegue de renovables, almacenamiento y descarbonización de la industria. Subraya, además, que no se trata solo de actuaciones puntuales para frenar el encarecimiento de la energía, sino de una revisión de fondo de varios elementos clave del sector eléctrico.
En esa línea, Fedea remarca que el Real Decreto-ley introduce “reformas relevantes para abordar problemas estructurales del sector eléctrico, en particular en materia de acceso y conexión a la red, planificación de infraestructuras y despliegue de renovables y almacenamiento”.
No obstante, la fundación muestra dudas sobre algunos aspectos del nuevo marco. En especial, advierte de que la creación de la categoría de proyectos “de alta prioridad” y, dentro de ella, de los proyectos estratégicos definidos por la Administración, podría derivar en una asignación discrecional del acceso a la red.
Según el informe, esa preferencia otorgada a determinados proyectos supone una ruptura con el principio de prelación temporal y con los procedimientos de concurrencia competitiva que se aplicaban hasta ahora.
En consecuencia, Fedea sostiene que recurrir al acceso a la red como “instrumento de política industrial intervencionista” puede alterar el juego competitivo y no es recomendable “dada la dudosa capacidad de los gobiernos para elegir 'ganadores' mejor que los mercados”.
CENTROS DE DATOS
El estudio también se detiene en el tratamiento de los centros de datos. Señala que el Real Decreto-ley anticipa un régimen específico de acceso y conexión para estas instalaciones, que podría incluir exigencias relacionadas con el origen renovable de la electricidad consumida, la eficiencia energética, el uso del agua o la contribución a la soberanía digital. Fedea desaconseja esta vía, al entender que introduce criterios ajenos al procedimiento técnico de acceso a la red.
Por otro lado, la fundación valora de forma positiva la creación de una prestación por reserva de capacidad. A su entender, esta figura puede contribuir a limitar el acaparamiento especulativo de permisos y a optimizar la utilización de la capacidad disponible en la red.
Asimismo, respalda la incorporación de nuevos hitos temporales cuya no superación conlleva la caducidad automática de los permisos, junto con fórmulas para facilitar la renuncia o la reducción de la capacidad ya asignada.
En este punto, Fedea interpreta que estos instrumentos operan como “pruebas de vida” de los proyectos y buscan impedir que la capacidad permanezca bloqueada por iniciativas que finalmente no se ejecutan.
La institución añade que esa acumulación de capacidad ociosa restringe la entrada de nuevos proyectos viables en un escenario de saturación de la red que, en su opinión, tiene en parte un origen meramente contractual.
FLEXIBILIZACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN Y RENOVABLES
En cuanto a la planificación de la red de transporte, el autor del informe valora favorablemente la flexibilización de los mecanismos de revisión. Considera que revisiones periódicas más frecuentes permiten ajustar mejor la planificación a la evolución real de la demanda, mientras que el cambio de uso de posiciones en subestaciones y la opción de que los promotores financien parte de las inversiones actúan como filtro para proyectos con mayor probabilidad de materializarse.
En el ámbito de las energías renovables, el Decreto-ley incorpora las denominadas zonas de aceleración renovable (ZAR), alineadas con la directiva europea RED III, y simplifica determinados trámites administrativos. Fedea estima que estas medidas pueden contribuir a acelerar la puesta en marcha de nuevas instalaciones, aunque vuelve a advertir del peligro de introducir elementos de subjetividad mediante la figura de los proyectos energéticos preferentes.
El documento también valora positivamente las actuaciones destinadas a impulsar el almacenamiento, sobre todo el bombeo hidráulico. Entre las medidas destacadas figuran la ampliación del periodo de vigencia de los permisos de acceso y la declaración de utilidad pública, que, según Fedea, podrían favorecer nuevas inversiones en este ámbito.
Al mismo tiempo, la fundación señala que el Real Decreto-ley incorpora nuevos instrumentos para promover la descarbonización de la industria, como los contratos por diferencia de carbono gestionados a través del Fondo para el Impulso de la Descarbonización Industrial.
Por último, Fedea aprecia que la norma recupere temporalmente algunas de las medidas de contención ya utilizadas durante la crisis energética vinculada a la invasión rusa de Ucrania, entre ellas la rebaja de determinados tipos impositivos o el refuerzo del bono social. Considera que estas actuaciones contribuyen a mitigar el impacto del aumento de los precios sobre los hogares y a contener la inflación, si bien puntualiza que no discriminan por nivel de renta y suavizan señales de precio que podrían incentivar un menor consumo.