La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) ha censurado que la propuesta del Gobierno para el nuevo sistema de financiación autonómica incorpore dos figuras “de más que dudosa justificación”, el Fondo Climático y el Mecanismo IVA Pymes, que, a su juicio, reintroducen la arbitrariedad que con “buen criterio” se pretendía desterrar del modelo.
La organización ha difundido este miércoles un estudio de Ángel de la Fuente en el que se exponen las líneas maestras de la reciente propuesta del Ejecutivo para reformar el Sistema de Financiación Autonómico (SFA), se calculan sus efectos mediante simulaciones con datos de 2023 y se ofrece una primera valoración de su alcance.
Según Ángel de la Fuente, el Fondo Climático prevé distribuir 1.000 millones de financiación incondicionada entre las comunidades autónomas, formalmente para combatir el cambio climático, favoreciendo de forma intensa a las regiones del litoral mediterráneo por estar presuntamente “más expuestas” a este fenómeno.
“El nuevo Fondo, sin embargo, es un brindis al sol más que una herramienta útil para la lucha contra el cambio climático y sus consecuencias, un reto complicado que exigiría recursos mucho mayores y una estructura de planes de actuación e inversión bien diseñados coordinada por el Gobierno central con financiación separada del sistema”, ha subrayado el economista.
De la Fuente considera que aún resulta menos justificable la “imaginativa excusa” utilizada para otorgar a Cataluña una “jugosa prima de financiación” ligada al IVA de las pymes societarias. Aunque reconoce que este tipo de empresas tiene un peso inusualmente alto en la economía catalana y que la comunidad mantiene un saldo exportador neto relevante con el resto del país, Fedea puntualiza que lo que explica que la participación de Cataluña en la recaudación total del IVA pymes sea superior es, sobre todo, su peso en el consumo, algo que no se reproduce en otros territorios, o al menos no con la misma intensidad.
“Pero ¿y qué? No está nada claro que esto genere algún beneficio social que haya que compensar con cuantiosas transferencias, o que el mecanismo propuesto genere incentivos para la formulación de una política sensata de apoyo a las empresas”, ha remachado.
Fuerte aumento de recursos y efectos sobre la disciplina fiscal
Uno de los pilares de la propuesta es una inyección “muy considerable” de fondos al sistema de financiación autonómica con cargo al Estado. “Esta inyección tenderá sin duda a agravar la ausencia de incentivos para la disciplina fiscal que ya constituye uno de los problemas fundamentales del sistema de financiación autonómica”, ha advertido Fedea.
Al margen de su coste, el planteamiento del Gobierno introduce una mejora moderada en la arquitectura general del modelo. De acuerdo con el análisis de Fedea, el nuevo esquema simplifica de forma relevante la estructura vigente y conduce inicialmente a un reparto más equilibrado de los recursos, reduciendo las diferencias entre comunidades y eliminando, al menos sobre el papel, las “reordenaciones caprichosas” en términos de financiación por habitante ajustado.
Con la reforma o sin ella, Madrid, Cataluña y Baleares siguen siendo las únicas comunidades aportadoras netas al sistema. No obstante, mientras la contribución de Madrid se incrementa ligeramente con el nuevo diseño, las de Cataluña y Baleares se reducen de manera notable, según las simulaciones realizadas por Fedea.
El documento también señala que el plan del Gobierno introduce nuevas restricciones al uso a la baja de la capacidad normativa de las comunidades autónomas en materia de tributos propios y cedidos, justificadas por la supuesta lucha contra un “inexistente dumping fiscal que muestran el poco respeto del actual Gobierno por la autonomía fiscal de las comunidades autónomas”, en palabras de Ángel de la Fuente.
Riesgos de la gestión tributaria “en red” y la caja única
Para el investigador, el aspecto más inquietante de la propuesta es la apuesta por avanzar hacia un modelo asimétrico y a la carta de gestión tributaria “en red”, que podría desembocar en la ruptura efectiva del principio de caja única, situando al Estado en una posición fiscal delicada.
Incluso si se lograra evitar ese escenario, Fedea advierte de que el planteamiento implicaría necesariamente un aumento de costes y pérdidas relevantes de eficiencia a medida que se repartan funciones hoy concentradas en la Agencia Tributaria entre múltiples administraciones sin la experiencia ni la escala necesarias. Estas tendrían serias dificultades para coordinarse y comunicarse de manera eficaz, “incluso si todas trabajasen con la mejor de las voluntades y plena lealtad al Estado”, concluye el informe.