La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) junto al Instituto Santalucía han expresado su preocupación en un informe por el 30 aniversario del Pacto de Toledo, señalando que el acuerdo se ha degradado hasta convertirse en una “subasta entre partidos para ver quien promete más a los pensionistas”, sin un análisis “cuidadoso” sobre el impacto económico y quién asumirá los costos, “esto es, de cuánto cuesta la fiesta y quién la paga”.
El documento, redactado por Miguel Ángel García Díaz, catedrático de economía aplicada de la Universidad Rey Juan Carlos y asociado en Fedea, repasa la evolución del Pacto de Toledo desde su creación, destacando su importancia en la definición de políticas sociales en España. García Díaz recuerda que el pacto “fue un acuerdo histórico que supuso renunciar a la búsqueda de réditos políticos de corto plazo en un asunto de Estado, apostando por la responsabilidad colectiva y la estabilidad del sistema público de pensiones”.
El análisis subraya cómo, desde 1977 hasta 1995, España se esforzó por crear un sistema de pensiones robusto, y cómo las reformas de 1995 a 2013 prepararon al sistema para el envejecimiento poblacional. Las medidas incluyeron el incremento de la edad de jubilación a 67 años y la extensión del período para calcular la pensión de 8 a 25 años, buscando “un enfoque de moderación del gasto y sostenibilidad a largo plazo, asumido con amplio consenso político y social”, según el informe.
Desde la reforma de 2013 y con el nuevo acuerdo del Pacto de Toledo en 2020, el informe observa un “cambio estructural” que ha alterado su naturaleza original. A pesar de mantener muchas de las recomendaciones iniciales, se critica la relación de gastos considerados inapropiados y la falta de coherencia en las nuevas recomendaciones. García Díaz denuncia que el objetivo del pacto ha cambiado, beneficiando a la población envejecida y afectando negativamente a las generaciones futuras, con un aumento de gastos que podría sumar al menos 3,5 puntos del PIB en 2050.
El informe insta a recuperar “el espíritu fundacional” del Pacto de Toledo, centrado en el diálogo y la responsabilidad política, para enfrentar los desafíos de sostenibilidad y equidad en un sistema de pensiones que sigue siendo clave para el bienestar en España. José Manuel Jiménez Rodríguez, director del Instituto Santalucía, enfatiza la importancia del consenso y la evidencia para asegurar la protección de las futuras generaciones.