La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) plantea reemplazar las rebajas fiscales de carácter general aprobadas para que los hogares afronten las consecuencias del conflicto en Oriente Medio por transferencias directas de renta dirigidas específicamente a los colectivos más vulnerables.
La entidad ha difundido este jueves un estudio elaborado por Judith Arnal en el que se comparan las respuestas de política fiscal de distintos Estados miembros de la Unión Europea frente a la crisis derivada del bloqueo del Estrecho de Ormuz.
El documento concluye que ninguno de los países analizados cumple de forma plena con el criterio de la triple T definido por el Banco Central Europeo en 2022: Targeted (dirigidas), Tailored (calibradas) y Temporary (temporales).
Aun así, se observan diferencias relevantes entre Estados. Polonia y Hungría, que han optado por topes directos a los precios y amplias rebajas fiscales generalizadas, se sitúan en el extremo menos alineado con las recomendaciones.
España, que entre los países examinados presenta el mayor paquete de apoyo fiscal, en torno a 5.000 millones de euros, e Italia combinan herramientas con un diseño más afinado —como los créditos fiscales sectoriales en el caso italiano y el refuerzo del bono térmico en el español— con reducciones impositivas generalizadas que arrastran problemas similares a los de Polonia y Hungría.
Francia y Alemania se aproximan más al patrón sugerido por el BCE, aunque las ayudas sectoriales francesas, pese a su cuantía limitada (70 millones de euros), distorsionan parcialmente la señal de precios, y Alemania ha introducido una restricción permanente a la frecuencia de cambios de precios en las gasolineras.
“La heterogeneidad de respuestas no refleja diferencias en el grado de exposición al choque, sino preferencias fiscales preexistentes. En ausencia de coordinación europea, cada Estado miembro responde según su propio vector de preferencias, con independencia de si esa respuesta es la adecuada para la naturaleza del choque”, ha explicado Judith Arnal.
Gravamen europeo sobre beneficios extraordinarios de energéticas
El análisis examina también la carta conjunta remitida por los ministros de Austria, Alemania, Italia, Portugal y España a la Comisión Europea, en la que se solicita la presentación de una propuesta legislativa para implantar un gravamen europeo sobre los beneficios extraordinarios de las compañías energéticas.
No obstante, el informe fija dos condiciones para que este instrumento no repita los fallos de 2022. En primer lugar, la base imponible debe calcularse a partir del beneficio económico neto del coste de oportunidad de los fondos propios, y no sobre el volumen de negocios ni sobre el beneficio contable sin ajustar, como sucedió entonces, con el fin de asegurar que el impuesto recaiga sobre la renta residual de los accionistas y no se traslade a los consumidores.
En segundo lugar, se propone que el mecanismo excluya la posibilidad de medidas nacionales equivalentes o, al menos, que se definan con claridad los requisitos que estas deberían satisfacer, para mantener unas condiciones de competencia homogéneas en el mercado interior. “Debe evitarse, así, la situación de 2022 en que, por ejemplo, España optó por gravar el volumen de negocios neto”, ha instado la experta.
En cualquier caso, Judith Arnal advierte de que una posible reactivación de este tipo de gravámenes debe abordarse con prudencia, a fin de impedir que se normalice un instrumento diseñado para un contexto excepcional, más aún cuando el ensanchamiento de las bases imponibles del propio sector ya implicará un aumento de la recaudación.
Reorientar las ayudas y ligarlas a indicadores de mercado
Entre las propuestas, la autora defiende que, en el ámbito de los hogares, las rebajas fiscales generalizadas se sustituyan por transferencias directas de renta enfocadas a los más vulnerables. Para las empresas, considera más adecuados los apoyos de liquidez y los créditos fiscales de carácter no finalista dirigidos a los sectores más afectados por el shock energético.
Asimismo, aboga por que el final de las medidas se vincule a indicadores de mercado previamente definidos —como la cotización del Brent— en lugar de a fechas concretas del calendario, con el objetivo de despolitizar la retirada de los apoyos.
Además, recomienda la creación de un marco europeo de coordinación que incluya la notificación y evaluación previa de los instrumentos por parte de la Comisión, tomando como referencia el criterio ‘triple-T’.
Por último, propone configurar el nuevo instrumento europeo de forma que el impuesto recaiga exclusivamente sobre beneficios extraordinarios, con una base imponible asentada en el beneficio económico neto del coste de oportunidad del capital, y excluir la opción de “medidas nacionales equivalentes”.