La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) plantea la creación de un mecanismo estatal de transferencia de rentas dirigido a las áreas rurales que soportan un mayor impacto derivado del despliegue de energías renovables en su territorio.
En un trabajo elaborado por Diego Rodríguez (UCM y Fedea), el 'think tank' subraya que la puesta en marcha de nuevas instalaciones de generación renovable conlleva efectos favorables —como la creación de puestos de trabajo y la aparición de rentas del trabajo y del capital ligadas al arrendamiento de terrenos y a los tributos municipales—, pero también impactos negativos —alteraciones paisajísticas y cambios en los usos del suelo— sobre las zonas donde se ubican.
El documento indica que la dotación global del fondo debería fijarse mediante una decisión política, en línea con otros esquemas de compensación a colectivos afectados ya existentes. No obstante, sugiere diseñar un sistema de ayudas crecientes en función del grado de ocupación del territorio por estas infraestructuras.
En cuanto a la financiación necesaria para dicho mecanismo, el informe señala que encajaría difícilmente en el Fondo de Transición Justa, sujeto a un reglamento europeo específico. Sin embargo, apunta a la posibilidad de destinar parte de los recursos procedentes del Régimen Europeo de Comercio de Derechos de Emisión (ETS), tanto en su configuración actual como mediante su ampliación futura a través del ETS2.
De este modo, Fedea recuerda que, aunque existe la obligación de emplear la totalidad de los ingresos del ETS en objetivos climáticos y de transición energética, los usos comunicados por España en 2023 y 2024 no llegan al 40% del total recaudado.
El estudio también sostiene que la propuesta es coherente con lo previsto en la Ley de Cambio Climático y Transición Energética acerca de la utilización de los ingresos de las subastas de derechos de emisión de gases de efecto invernadero para avanzar en las metas de descarbonización y transición energética.
Asimismo, el informe realiza un examen de la distribución geográfica de las centrales de generación renovable en España utilizando como referencia principal el Registro administrativo de instalaciones de producción de energía eléctrica. A partir de estos datos, concluye que algo más de 40.000 instalaciones de generación renovable con potencia igual o superior a 20 kilovatios (kW) se reparten por algo más de 3.300 municipios.
En consecuencia, explica que la asignación de superficies estándar según la tecnología de generación renovable permite estudiar cómo se reparte el espacio ocupado por el conjunto de instalaciones renovables en relación con la superficie total de cada municipio.
En este análisis, Fedea detecta que, aunque la mayoría de los municipios presentan ocupaciones muy reducidas, existe un grupo limitado de localidades donde la proporción de suelo utilizada por estas instalaciones resulta significativa.
Ocupación del territorio por instalaciones renovables
De forma más precisa, el estudio estima que el 10% de los municipios analizados registrarían ocupaciones de suelo por instalaciones renovables superiores al 5% de su superficie. Ese nivel de ocupación se eleva hasta casi el 25% de la superficie municipal si se considera únicamente el 5% de los municipios más afectados (166 municipios) y se asigna un mayor espacio medio de ocupación a la generación eólica.
A partir de estos resultados, el informe concluye que, aunque atribuir un espacio más amplio a la tecnología eólica desplaza la distribución de los espacios utilizados en el conjunto de municipios, el efecto sobre la selección de las localidades que recibirían las compensaciones propuestas sería limitado.