La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) plantea generalizar las leyes autonómicas de mercado abierto, activar el denominado 'Régimen 20' y avanzar en una armonización sectorial a escala estatal, como respuesta al problema estructural que representa la fragmentación regulatoria para la economía española.
El organismo ha difundido este lunes un trabajo de Judith Arnal sobre el mercado interior en España, en un contexto en el que la Comisión Europea viene señalando de forma reiterada la fragmentación del mercado interno como uno de los principales obstáculos de carácter estructural para el crecimiento económico del país.
“España, con más de 8.000 municipios, 17 comunidades autónomas y dos ciudades autónomas, presenta un problema estructural de fragmentación regulatoria que debilita su mercado interior y lastra la productividad”, ha señalado la autora del documento.
El análisis recuerda que la Ley 20/2013 de Garantía de la Unidad de Mercado (LGUM), inspirada en principios de tradición regulatoria anglosajona, trató de hacer frente a esta situación, pero el Tribunal Constitucional dejó sin efecto su principio de eficacia nacional. A partir de esa sentencia, el estudio de Fedea sostiene que la configuración real del mercado interior español ha pasado, en gran medida, a depender de las decisiones normativas de las comunidades autónomas.
La Comunidad de Madrid abrió camino en 2022 con la aprobación de su Ley de Mercado Abierto, basada en un modelo de reconocimiento mutuo unilateral de amplio alcance. Posteriormente se han adherido a este esquema la Región de Murcia, la Comunidad Valenciana y Cantabria, mientras que Aragón y La Rioja se encuentran tramitando normas similares.
Al mismo tiempo, otras autonomías como Andalucía y Extremadura han optado por diseños más acotados, apoyados en el criterio de “supuestos equivalentes”, y territorios como Baleares o Castilla-La Mancha han impulsado profundas reformas de simplificación administrativa, aunque sin incorporar un principio sistemático de eficacia extraterritorial.
Según Arnal, si las diecisiete comunidades autónomas llegaran a aprobar una ley de mercado abierto con reconocimiento mutuo pleno, el efecto práctico se aproximaría al principio de eficacia nacional que el Tribunal Constitucional anuló en la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado, pero articulado desde el nivel autonómico, sin imposición desde el Estado y, por tanto, sin objeciones de constitucionalidad.
En ese escenario, cada comunidad autónoma renunciaría de forma unilateral a exigir sus propias condiciones de acceso cuando la empresa ya esté autorizada en otra región. De este modo, una compañía instaladora, una firma de consultoría o un proveedor de servicios digitales que opere legalmente en una comunidad podría prestar sus servicios en el resto del país sin tener que repetir trámites administrativos, inscripciones o licencias equivalentes. “Ello reduciría de manera significativa los costes de entrada, los tiempos de tramitación y la incertidumbre regulatoria”, ha subrayado la experta.
El informe precisa que la extensión de estas leyes autonómicas de mercado abierto no eliminaría la necesidad de intervención del Estado, pero sí acotaría notablemente su ámbito, concentrando la armonización en sectores ligados al territorio o en aquellos en los que la coordinación normativa sea imprescindible por razones de interés general.
Por este motivo, la autora defiende que la estrategia más eficaz pasa por combinar leyes autonómicas de mercado abierto, el Régimen 20 y normativa sectorial estatal.
“La universalización de las leyes de mercado abierto puede proporcionar rapidez; el Régimen 20, convergencia técnica; y la armonización normativa sectorial estatal, estabilidad y coherencia en ámbitos críticos”, concluye el estudio.