La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) ha urgido a emprender cambios en el sistema de financiación autonómica y ha recomendado que las administraciones regionales implementen políticas fiscales «prudentes», abarcando tanto aspectos de gastos como de ingresos, en vista de la reinstauración de las normativas fiscales europeas.
Fedea reveló el miércoles un cálculo del saldo estructural de las comunidades autónomas, realizado por Manuel Díaz (Fedea), Carmen Marín (Fedea) y Diego Martínez (Universidad Pablo Olavide y Fedea).
Después de ajustar el balance presupuestario, los especialistas calcularon un saldo estructural de las comunidades autónomas de -1,1% del PIB para 2023 y 2024.
«Por consiguiente, se mantiene el sustancial desequilibrio de 2023 también en el último ejercicio cerrado, alcanzando el triste récord de convertirse en el peor de la serie histórica, superando incluso al excepcional 2020», indicaron los expertos.
Las regiones donde se ha intensificado el deterioro del saldo público estructural son Baleares y La Rioja. En contraste, Andalucía, Canarias y Extremadura muestran una evolución más favorable.
Para 2024, únicamente Canarias y Navarra lograron superávits estructurales, mientras que la Comunidad Valenciana, Cataluña y la Región de Murcia, junto con Baleares y La Rioja, registraron los mayores déficits estructurales, al igual que el año anterior.
De persistir esta tendencia, «la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera de las finanzas autonómicas quedaría notablemente dañada».
Los ingresos públicos probablemente crecerán a un ritmo moderado en los próximos años, alineados con el desarrollo económico y una convergencia hacia elasticidades de los ingresos más cercanas a sus promedios históricos. Desde el ángulo de los gastos, la presión del envejecimiento demográfico y desafíos como el cambio climático o la transición digital son inevitables.
En este marco, los analistas han señalado que la dinámica fiscal mostrada por el déficit público estructural calculado es incompatible con la necesaria reducción del endeudamiento que enfrentan la mayoría de las comunidades, especialmente cuando buscan financiarse de manera convencional en los mercados de capitales.
Además, este escenario no les ofrece el margen fiscal suficiente para implementar políticas fiscales expansivas o, al menos, de mantenimiento de ingresos y transferencias sociales en especie (educación y sanidad principalmente) durante periodos recesivos.
Ante esta situación, Fedea sugiere que, con miras a los ajustes fiscales necesarios en el marco de la nueva gobernanza económica europea, el notable déficit público estructural plantea también un desafío para las comunidades.
Los expertos sostienen que su manejo requiere dos condiciones: La primera es iniciar una reforma del sistema de financiación autonómica que resuelva sus deficiencias principales y lo armonice con un nuevo esquema de gobernanza fiscal nacional. La segunda es que los gobiernos autonómicos adopten políticas fiscales prudentes, en términos de gasto e ingresos, particularmente ante la restauración de las reglas fiscales.