La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) se muestra a favor de una revisión profunda de los requisitos de acceso al bono social eléctrico, de forma que la ayuda se otorgue “exclusivamente” en función de la renta de los hogares, suprimiendo la condición de familia numerosa como criterio suficiente para percibirla.
En un estudio firmado por Diego Rodríguez, profesor de la Universidad Complutense de Madrid e investigador asociado de Fedea, el 'think tank' respalda este giro en el diseño del bono, manteniendo el ajuste por tamaño del hogar mediante escalas de equivalencia. Considera, además, adecuado el cambio de enfoque planteado en la reciente Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética 2026-2030 del Gobierno, que contempla eliminar el criterio de familia numerosa como vía automática para acceder al descuento.
El informe parte de la idea de que existe un problema real de asequibilidad energética que merma el bienestar de parte de la población y que, por ello, “resulta pertinente contar con mecanismos de transferencia de renta, acompañados de medidas regulatorias vinculadas al acceso al suministro”. En el caso concreto del bono social de electricidad, el documento incide en que el esquema vigente mezcla criterios basados en la renta con otros ajenos a ella, lo que “introduce distorsiones relevantes en la relación entre la vulnerabilidad económica y la percepción efectiva de la ayuda”.
En esta línea, subraya que la consideración de familia numerosa como llave directa al bono tiende a “debilitar el carácter redistributiva” del instrumento y genera, además, diferencias territoriales apreciables, con un peso relativamente alto de beneficiarios por esta vía en algunas comunidades autónomas.
El análisis de Fedea, apoyado en la Encuesta de Condiciones de Vida, constata una mejora de la cobertura del bono social eléctrico en todos los deciles de renta entre 2021 y 2025, fruto de la ampliación de los colectivos elegibles. No obstante, el 'think tank' sitúa los principales problemas de baja cobertura, en comparación con los potenciales beneficiarios, en los dos primeros deciles de renta, mientras que en los tramos superiores la cobertura resulta muy elevada. Se observa, de hecho, un incremento del porcentaje de hogares que reciben el bono en los deciles altos, “lo que refuerza la idea de que su diseño actual limita la intensidad redistributiva del instrumento”.
Costo, financiación y alternativas al modelo actual
El trabajo examina también el coste y la estructura de financiación del bono social, recordando que la definición precisa de los sujetos obligados a financiarlo fue anulada en dos ocasiones por el Tribunal Supremo por vulnerar el principio de no discriminación. Aunque el esquema vigente reparte la carga entre actividades de generación, transporte, distribución, comercialización y consumidores directos, el estudio destaca que, en la práctica, el coste termina repercutiéndose en el conjunto de usuarios eléctricos.
Más allá del bono actual, Fedea reclama “una reflexión más amplia” sobre la fragmentación de las ayudas frente a la pobreza energética y plantea avanzar hacia un instrumento único que abarque todos los consumos energéticos del hogar. Entre las opciones que se analizan figuran el refuerzo del Ingreso Mínimo Vital (IMV) mediante un complemento específico —si bien se advierte de que el número de beneficiarios del IMV es mucho menor que el del bono social— o la creación de un cheque energético que cubra la totalidad de consumos, incluidos los no ligados a un contrato de suministro, como combustibles para calefacción o transporte.
Según el estudio, este cheque debería fijarse solo en función de la renta, el tamaño del hogar, determinadas situaciones de especial vulnerabilidad y la localización geográfica, y concederse de forma preferentemente automática por parte de las Administraciones Públicas. Su financiación podría combinar recursos presupuestarios, contribuciones del propio sector energético y, en el nuevo marco europeo, fondos procedentes del Fondo Social para el Clima.
El autor del informe abre también la puerta a canalizar esta ayuda a través del IRPF, mediante un crédito fiscal reembolsable configurado como un impuesto negativo sobre la renta, similar al esquema de la deducción por maternidad.