La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) ha destacado la singularidad de España al mantener un impuesto sobre el patrimonio neto, mientras señala que su estructura actual tiene «limitaciones significativas» en términos de progresividad, equidad territorial y capacidad redistributiva.
En un reciente estudio realizado por Francisco García-Rodríguez de la Universidad de Alcalá y Fedea, se han evaluado los efectos redistributivos y sociodemográficos de diversas configuraciones del Impuesto sobre el Patrimonio en España, incluyendo ocho escenarios diferentes que abarcan desde revisiones internas hasta modelos inspirados en sistemas de otros países europeos como Noruega, Suiza, Francia e Italia, así como una estructura progresiva sugerida por Thomas Piketty.
Los hallazgos del estudio indican que en casi todos los escenarios planteados, la capacidad redistributiva del impuesto se ve mejorada en comparación con el sistema actual. Se observa que estructuras menos restrictivas, que incluyen bases más amplias y mínimos exentos reducidos, favorecen una mayor progresividad y un aumento de los contribuyentes efectivos, manteniendo la equidad.
Además, el análisis muestra que el sistema vigente concentra la carga fiscal en los segmentos más altos de la distribución de ingresos y presenta diferencias notables entre comunidades autónomas debido a la descentralización de normativas. También se evalúa cómo variables como el género, la edad, el tipo de hogar y la comunidad autónoma de residencia influyen en la probabilidad de contribuir al impuesto.
El informe concluye que, aunque el Impuesto sobre el Patrimonio tiene un impacto limitado en la recaudación total, una reforma adecuada podría incrementar significativamente su rol en la redistribución de ingresos, siempre que se corrijan sus deficiencias estructurales y se asegure un diseño normativo ajustado.