El actual bono social eléctrico, en marcha desde hace más de una década, podría tener los días contados tal y como lo conocemos. Antes de que el Gobierno dé a conocer sus medidas, lo que podría ocurrir el próximo martes como hoy informa Demócrata, un estudio de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) plantea reformar a fondo este sistema de ayudas para hogares vulnerables y avanzar hacia un cheque energético más amplio, basado sobre todo en la renta y pensado para cubrir todos los gastos energéticos del hogar. La propuesta busca simplificar el modelo, mejorar su carácter redistributivo y garantizar que las ayudas lleguen realmente a quienes más lo necesitan.
El bono social aplicado a la factura de la electricidad nació en 2009, aunque su estructura actual se definió en gran medida con la aprobación del Real Decreto 897/2017, que estableció el marco vigente para proteger a los consumidores vulnerables. Desde entonces, las reformas han sido puntuales y se han centrado principalmente en tres aspectos: los criterios para determinar quién puede acceder a la ayuda, los porcentajes de descuento aplicados en la factura y el sistema de financiación del propio bono.
¿Quién recibe el bono social?
Un nuevo estudio publicado por Fedea y elaborado por el economista Diego Rodríguez, profesor de la Universidad Complutense de Madrid, analiza cómo funciona hoy este instrumento de apoyo a los hogares con dificultades para pagar la energía. El trabajo parte de una idea clara: existe un problema real de asequibilidad energética que afecta al bienestar de determinados hogares y que justifica la existencia de mecanismos de transferencia de renta, acompañados de medidas regulatorias que garanticen el acceso al suministro.
El informe examina, en primer lugar, quién recibe realmente el bono social eléctrico. Según el análisis, el sistema actual combina criterios basados en la renta con otros que no dependen directamente de ella, lo que introduce distorsiones entre la vulnerabilidad económica real y la concesión efectiva de la ayuda.
Uno de los ejemplos más claros es el criterio de familia numerosa, que en el modelo actual actúa como condición suficiente para acceder al bono social. Según el autor, este diseño debilita el carácter redistributivo de la medida, ya que permite que hogares que no se encuentran entre los más vulnerables desde el punto de vista económico reciban la ayuda. Este criterio también genera diferencias territoriales, ya que en algunas comunidades autónomas el peso de los beneficiarios que acceden al bono por ser familia numerosa es especialmente elevado.
Por ello, Rodríguez defiende revisar los criterios de elegibilidad para que el acceso dependa exclusivamente de la renta, manteniendo ajustes por tamaño del hogar mediante escalas de equivalencia. En esta línea, el informe valora positivamente la orientación que plantea la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética 2026-2030, que contempla eliminar el criterio de familia numerosa como vía automática de acceso al bono.
Distribución de la ayuda
El estudio también analiza cómo se distribuye la ayuda según el nivel de ingresos. A partir de datos de la Encuesta de Condiciones de Vida, se observa que la cobertura del bono social ha aumentado entre 2021 y 2025 en todos los niveles de renta, en gran medida gracias a la ampliación de los criterios de acceso durante la crisis energética.
Sin embargo, el problema persiste donde más debería concentrarse la ayuda. La cobertura sigue siendo relativamente baja entre los hogares con menores ingresos, especialmente en los dos primeros deciles de renta, mientras que en los niveles superiores es prácticamente completa. De hecho, el porcentaje de hogares beneficiarios ha aumentado en los deciles más altos, lo que sugiere que el diseño actual reduce la capacidad redistributiva del instrumento.
Otro aspecto que examina el trabajo es cómo se financia el bono social. El sistema no ha estado exento de controversias jurídicas. El Tribunal Supremo anuló en dos ocasiones los mecanismos de financiación por considerar que vulneraban el principio de no discriminación entre los agentes del sector eléctrico.
El reparto del coste
En la actualidad, el coste se reparte entre empresas de generación, transporte, distribución y comercialización, además de los consumidores directos. No obstante, el informe recuerda que, en la práctica, ese coste termina trasladándose al conjunto de los consumidores a través del sistema eléctrico.
Más allá del bono social, el estudio plantea una cuestión de fondo: si tiene sentido mantener una aproximación fragmentada a la pobreza energética o si sería preferible avanzar hacia un instrumento integrado que abarque todos los consumos energéticos del hogar.
Esta reflexión cobra aún más importancia en un contexto en el que empieza a reconocerse también la llamada pobreza energética en el transporte. Además, la futura implantación del ETS2, el sistema europeo que extenderá el precio del CO₂ a combustibles usados en calefacción y transporte, podría aumentar los costes energéticos para los hogares y obligará a reforzar los mecanismos de compensación para los más vulnerables.
Del ingreso mínimo vital al cheque energético
El trabajo plantea dos posibles caminos para reformar el sistema de ayudas. El primero consistiría en incorporar un complemento energético al Ingreso Mínimo Vital (IMV). Sin embargo, el autor advierte de que el número de beneficiarios del IMV es actualmente mucho menor que el del bono social. Además, integrar esta ayuda en una prestación general de renta podría reducir la capacidad del sistema para tener en cuenta factores específicos, como el clima o la localización del hogar.
La segunda opción sería crear un cheque energético que cubra el conjunto de los consumos energéticos domésticos, incluidos aquellos que no dependen de un contrato de suministro, como los combustibles para calefacción o transporte. Este cheque se determinaría en función de la renta, el tamaño del hogar, determinadas situaciones de especial vulnerabilidad y la localización geográfica, y se concedería preferentemente de forma automática por las administraciones públicas.
Su financiación podría proceder de una combinación de recursos presupuestarios, aportaciones del sector energético y fondos europeos, en particular del Fondo Social para el Clima. Otra posibilidad sería canalizar la ayuda a través del IRPF en forma de crédito fiscal reembolsable, es decir, un mecanismo similar a un impuesto negativo sobre la renta comparable a la actual deducción por maternidad.