La Federación Española de Asociaciones de los Cuerpos Superiores de la Administración Civil del Estado (Fedeca) ha advertido de que la cesión a la Comunidad Autónoma del País Vasco de la gestión de las prestaciones contributivas y del subsidio de desempleo choca con el artículo 41 de la Constitución. Dicho precepto establece un régimen público de Seguridad Social único y unitario para el conjunto de la ciudadanía, concebido como garantía de la igualdad entre todos los españoles.
Fedeca subraya que, para preservar esa igualdad, corresponde al Estado la competencia exclusiva sobre la legislación básica y el régimen económico de la Seguridad Social, sustentado en los principios de solidaridad financiera y de caja única de titularidad estatal. Esta caja única abarca no solo la titularidad, recaudación y administración de los recursos financieros del sistema, sino también el reconocimiento y abono de las prestaciones de Seguridad Social, al ser obligaciones imputables directamente a dicha caja.
En un comunicado, la organización recuerda que el Tribunal Constitucional, en una sentencia, ha reiterado que las prestaciones por desempleo forman parte de la Seguridad Social, de modo que los actos relativos al ingreso de sus recursos y a la realización de los gastos correspondientes se integran en la caja única del sistema, y la competencia para su gestión debe recaer de forma exclusiva en el Estado.
El traspaso, que se prevé formalizar mediante un acuerdo de la Comisión Mixta de Transferencias antes de que finalice el año, contempla, según los propios firmantes, la cesión de las 30 oficinas y 534 empleados con los que cuenta el Servicio Público de Empleo Estatal en el País Vasco. Estas estructuras pasarían a encargarse de la gestión de unas prestaciones que actualmente reciben alrededor de 51.000 beneficiarios, con un volumen anual de 822 millones de euros.
El comunicado está suscrito, además de por Fedeca, por la Asociación Profesional del Cuerpo Superior de Técnicos de la Administración de la Seguridad Social (Atass); el Sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social; la Asociación Profesional del Cuerpo Superior de Letrados de la Administración de la Seguridad Social (ALSS) y la Asociación Profesional del Cuerpo Superior de Interventores y Auditores de la Administración de la Seguridad Social (Asiass).
Un proceso que consideran irreversible
Las organizaciones firmantes sostienen que la transferencia anunciada constituye un nuevo avance en un proceso que se presenta como irreversible, al abarcar no solo el subsidio de desempleo, de carácter asistencial, sino también la prestación contributiva. A su juicio, una vez culminado este “primer bloque”, se procederá a transferir el resto de prestaciones contributivas, como las pensiones de viudedad, jubilación o incapacidad permanente, así como los subsidios por incapacidad temporal o por nacimiento o cuidado de menor.
“Sostener que la mera conservación por el Estado de la competencia normativa sobre las prestaciones de Seguridad Social, las de desempleo o cualquier otra, ya es suficiente para garantizar la igualdad de todos los ciudadanos españoles y la integridad de la caja única, pudiéndose ceder a las comunidades autónomas su gestión y ejecución, supone un total desconocimiento de lo que, en realidad y más allá de formalismos y consignas, supone verdaderamente esa gestión”, han indicado.
Para Fedeca, este escenario conduciría a la sustitución del modelo actual de Seguridad Social, uniforme en derechos y obligaciones para todos los ciudadanos, trabajadores, empresarios y beneficiarios, por una pluralidad de sistemas fragmentados y condicionados por cada comunidad autónoma. Insisten en que las prestaciones de Seguridad Social no deben variar en función del lugar de residencia, sino mantenerse homogéneas en todo el territorio nacional.
En esta línea, la federación defiende que el Estado ni puede ni debe renunciar a las competencias que la Constitución le atribuye y reclama, por el contrario, reforzarlas mediante la creación de una Agencia Estatal de la Administración de la Seguridad Social integrada por cuerpos de funcionarios de carácter nacional. Consideran que solo de este modo se asegurará la uniformidad del sistema y la igualdad de todos los ciudadanos, objetivo con el que las asociaciones firmantes dicen reiterar su compromiso y por el que apelan a la responsabilidad de los partidos políticos y de los agentes sociales.
“El Gobierno no ha dudado en sacrificar, en aras a su agónica y estéril supervivencia, lo que constituye la piedra angular de nuestro estado social y democrático de derecho: un sistema de Seguridad Social único y unitario que garantice la igualdad de todos los ciudadanos en el acceso a la protección y en la asunción de las cagas que su mantenimiento precisa”, han lamentado.