La Federación de Asociaciones de Cuerpos Superiores de la Administración Civil del Estado (Fedeca) ha vuelto a poner el foco en la “trampa” que, a su juicio, supone aplicar la jornada de 35 horas en la Administración General del Estado (AGE) sin reforzar las plantillas ni mejorar las retribuciones.
En una nota difundida a los medios, la organización reconoce de forma positiva la reducción de la jornada semanal a 35 horas para los empleados públicos, al entender que puede favorecer la conciliación de la vida personal y laboral y contribuir al bienestar de los funcionarios. No obstante, advierte de que resulta inviable sostener la misma calidad y nivel de los servicios públicos cuando se trabaja menos tiempo si no se introducen cambios adicionales.
El ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, anunció este viernes que durante la primera quincena de abril se empezará a aplicar la jornada de 35 horas en la Administración General del Estado (AGE), una medida que ha sido respaldada por CCOO, UGT y CSIF en la mesa de negociación.
Ante este escenario, Fedeca recalca que, si la intención del Gobierno es conservar los actuales estándares de servicio con una jornada reducida, será imprescindible asumir un aumento de la productividad, incremento que, según la entidad, debe ser reconocido y retribuido de forma adecuada.
“Exigir más eficiencia sin una compensación acorde supondría trasladar la presión sobre los empleados públicos sin abordar los problemas estructurales de la organización administrativa”, han señalado desde la entidad.
Al mismo tiempo, Fedeca manifiesta su inquietud ante la posibilidad de que la reducción de jornada se presente como una especie de mejora salarial encubierta, al elevar el salario por hora efectiva trabajada sin un incremento real de las nóminas.
En esta línea, la federación recuerda que los empleados públicos arrastran una merma de poder adquisitivo cercana al 20% desde 2010, un deterioro que, según subraya, no se está corrigiendo con las últimas subidas salariales pactadas entre el Gobierno y las organizaciones sindicales.
Por todo ello, Fedeca reitera la urgencia de abrir un diálogo realista y constructivo sobre la configuración de la función pública, la planificación de efectivos y la asignación de recursos suficientes que permitan asegurar un servicio público de calidad y sostenible en el tiempo.