QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
La Federación de Asociaciones de los Cuerpos Superiores de la Administración Civil del Estado (Fedeca) ha mostrado su rechazo a la transferencia a la Generalitat de Cataluña de las competencias relativas a la oferta pública de empleo, los procesos de selección y la provisión de plazas de los Funcionarios de Administración Local con Habilitación de Carácter Nacional (Sital). Según la organización, esta medida «compromete la seguridad jurídica de un sistema que ha demostrado ser eficaz, neutral y garante de la imparcialidad».
En una nota difundida este miércoles, Fedeca ha expresado su respaldo institucional a las reclamaciones del Consejo General de Colegios Oficiales de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local (Cosital) y de la Asociación Profesional de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local (Apsital). Al mismo tiempo, ha animado a sus miembros y al conjunto de los funcionarios a adherirse al manifiesto en defensa de la unidad de la habilitación y ha mostrado su apoyo a la concentración convocada por Cosital para mañana, 11 de diciembre, a las 12.00 horas frente al Congreso de los Diputados.
Fedeca enmarca su posicionamiento en la reciente aprobación del Real Decreto-ley 15/2025, que incorpora la cesión a Cataluña de las competencias sobre los Habilitados Nacionales. La federación advierte de que decisiones de este tipo, cuando se adoptan sin una comprobación rigurosa del cumplimiento del marco territorial, pueden amparar «privilegios ajenos» al interés general y alterar el equilibrio del sistema de función pública local.
La entidad considera especialmente «grave» que una reforma estructural de este calado se haya introducido mediante un Real Decreto-ley que no guarda relación directa con la materia, sin un proceso de diálogo previo con los representantes de los habilitados y sin una evaluación técnica exhaustiva de su impacto sobre las instituciones.
Fedeca recuerda el precedente autonómico y sus efectos
La federación ha puesto sobre la mesa la experiencia de los años en que las comunidades autónomas gestionaron estas competencias. Entre 2008 y 2013, periodo en el que el ámbito autonómico asumió la convocatoria de plazas, se ofertaron 598 puestos por turno libre. En contraste, la Administración General del Estado convocó 5.344 plazas entre 2014 y 2024, también por turno libre y mediante oferta ordinaria, y 1.725 entre 2004 y 2007, antes de la cesión competencial.
A juicio de Fedeca, estos datos evidencian que la regionalización redujo de forma notable el número de plazas convocadas, fragmentó los procesos selectivos y dispersó las bolsas de aspirantes. Con ello, se habría mermado la competitividad y el atractivo de las oposiciones, sin aportar una mejora en la calidad técnica, y se habría debilitado la igualdad de oportunidades, la homogeneidad y la transparencia que proporciona un único procedimiento estatal.
Los funcionarios de los Cuerpos Superiores advierten, además, de que la nueva transferencia abre la posibilidad de que cada comunidad autónoma elabore temarios propios, lo que supondría «una grave quiebra» del modelo nacional de habilitación y del actual esquema de acceso a estos puestos reservados.
En esta línea, Fedeca alerta de que «la existencia de contenidos formativos y exigencias técnicas distintas según el territorio vulneraría la igualdad en el acceso a las funciones reservadas y generaría diferencias sustanciales en la preparación de quienes ejercen las mismas responsabilidades en entidades locales de todo el país».
Ante este escenario, la federación ha anunciado que iniciará una ronda de contactos con los distintos grupos parlamentarios para trasladarles informes técnicos detallados sobre las implicaciones de la medida. Su objetivo es que, durante la tramitación parlamentaria del Real Decreto-ley 15/2025, se revise y rectifique la cesión de competencias, con el fin de preservar la unidad del sistema de habilitación nacional y las garantías de imparcialidad e igualdad que, a su juicio, lo caracterizan.
