La Federación Española de Asociaciones de Viviendas y Apartamentos Turísticos (Fevitur) ha emitido una alerta sobre la «grave» usurpación de competencias que representa la iniciativa del Gobierno central respecto al control de los alquileres turísticos, específicamente en el nuevo sistema de registro unificado. Según Fevitur, esta responsabilidad pertenece «exclusivamente» a las comunidades autónomas.
En un comunicado oficial, han señalado que el Estado no tiene la facultad de anular licencias concedidas por las comunidades autónomas ni de convertir un registro voluntario, como el Registro de la Propiedad, en uno obligatorio para las viviendas turísticas.
La presidenta de Fevitur, Silvia Blasco, ha criticado que el Gobierno esté sobrepasando sus competencias y utilizando a los Registradores, cuya función se rige por la Ley Hipotecaria y no por la gestión turística, en un intento de «control fuera de lugar y de fundamento legal».
Además, desde Fevitur se ha denunciado que el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana está generando confusión entre la opinión pública, mezclando la irregularidad administrativa con la ilegalidad y criminalizando a «miles de familias y pymes» sin una resolución definitiva y sin seguir el debido proceso legal.
Respecto a la declaración del presidente Pedro Sánchez sobre la eliminación de 53.000 apartamentos turísticos ilegales, Fevitur ha alertado sobre el riesgo de este mensaje institucional de «incorporar viviendas al mercado residencial» con métodos cuestionables. Revocar licencias autonómicas para cambiar el uso de propiedades «roza la expropiación encubierta sin indemnización», ha mencionado Blasco, quien argumenta que se está utilizando la función social de la vivienda como «justificación a la falta de resultados en la política de vivienda pública».
Finalmente, la federación concluye que la estrategia del Gobierno fomenta la politización del debate y posiciona a las viviendas turísticas como un chivo expiatorio frente al estancamiento en la mejora del acceso a la vivienda asequible.