La agencia Fitch Ratings ha señalado en su último análisis sobre Colombia que la decisión del Gobierno de Gustavo Petro de elevar el salario mínimo un 23% “agravará los desafíos fiscales y de inflación”, además de impulsar “aumentos en la tasa de política monetaria que podrían afectar el crecimiento”.
De acuerdo con la calificadora, el encarecimiento de los salarios y de determinadas pensiones mediante mecanismos de indexación “amplificará las presiones fiscales”, lo que a su vez se traducirá en un incremento de los costes de financiación del Ejecutivo y tendrá un impacto negativo sobre la generación de empleo en el mercado laboral formal.
El nuevo salario mínimo se aplicará a unos 2,5 millones de trabajadores y se suma a una subida previa del 9,5% en 2025, fijada por decreto del Gobierno después de que las negociaciones entre empresarios y sindicatos concluyeran sin consenso sobre la cuantía del aumento.
Fitch proyecta que la deuda pública de Colombia alcance el 62,8% del PIB en 2027, por encima del promedio del 53,8% correspondiente a la categoría “BB”, en la que se sitúa actualmente el país tras la rebaja de calificación aplicada por la agencia a mediados de diciembre.
Al mismo tiempo, la firma parte de que el objetivo de déficit marcado por Petro del 6,2% del PIB para 2026 “no se alcanzaría” según su previsión de diciembre, ya que sus estimaciones apuntan a un desequilibrio fiscal del 7,5%.
El rumbo de la política fiscal más allá de 2026 quedará condicionado por el resultado del Congreso de marzo y las elecciones presidenciales de mayo, con la posibilidad de una segunda vuelta en junio.
En este contexto, Fitch advierte de que “la continua fragmentación probablemente significará que el próximo presidente tendrá que negociar con diversos partidos en el Congreso para aprobar leyes”.
Asimismo, la agencia indica que “incluso si avanza una nueva reforma tributaria, como prevé Fitch, es probable que su rendimiento sea inferior al 1% del PIB, lo que requerirá esfuerzos importantes y plurianuales para estabilizar la deuda pública”.