FlixBus rechaza la nueva Ley de Movilidad en España por considerarla perjudicial para los usuarios

FlixBus critica la reciente Ley de Movilidad Sostenible, alegando que limita la competencia y afecta negativamente a los usuarios.

Archivo - Autobús de FlixBus.FLIXBUS - Archivo

FlixBus, la empresa alemana que ofrece servicios de transporte en autobús a nivel internacional, ha expresado su desacuerdo con la legislación reciente sobre autobuses de larga distancia incorporada en la Ley de Movilidad Sostenible, que fue ratificada la semana anterior en el Congreso. La firma argumenta que la ley «excluye a cientos de empresas y perjudica a millones de usuarios del autobús».

En un reciente comunicado, la empresa declaró que la normativa «consolida un modelo obsoleto que impide a cientos de empresas operar nuevas rutas», las cuales, según su criterio, fomentarían una mejor conexión.

«Pese a toda nuestra disposición y a la de asociaciones que representan a más de 1.000 pymes y a 50.000 ciudadanos, desde el ministerio de Óscar Puente se han mostrado completamente inflexibles. Nadie en el sector entiende por qué el Ministerio de Transportes se niega a estudiar mejoras de un modelo que ha provocado que el autobús pierda 15 millones de pasajeros al año desde 2009», indicó Pablo Pastega, vicepresidente para Europa Occidental de FlixBus.

Actualmente, el sistema de autobuses en España opera bajo un esquema concesional donde, tras un concurso público, se otorga un contrato a una empresa para prestar un servicio específico. FlixBus propuso un modelo de libre competencia, ya implementado en otros países europeos, pero el gobierno, con el respaldo del Congreso, optó por mantener el modelo preexistente, considerándolo más equitativo para las zonas rurales.

FlixBus sostiene que la liberalización de la competencia, recomendada por la CNMC en las rutas de mayor longitud, provocaría una reducción en los precios de los billetes y una mejora en la frecuencia y calidad del servicio. «El modelo que parece querer mantener el Gobierno se basa en un control absoluto de todo y en subvencionar con decenas de millones de euros a unas pocas grandes empresas que, además, operan con concesiones extinguidas desde hace años», finalizó Pastega.

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