El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha destacado la importancia de optimizar la gestión del gasto público en Guatemala, así como la gobernanza y el ambiente para hacer negocios, con el objetivo de alcanzar un crecimiento económico sostenido a mediano plazo.
‘Los Directores enfatizaron que mantener el impulso del crecimiento y lograr un crecimiento sostenible e inclusivo a mediano plazo requerirá la implementación decidida de reformas, incluyendo un gasto público de mayor calidad y mejoras continuas en la gobernanza y el clima de negocios’, señaló el Directorio Ejecutivo del FMI después de finalizar la consulta del Artículo IV para este país.
El FMI considera que la política fiscal expansiva actual de Guatemala es ‘adecuada’, considerando la disminución de la demanda del sector privado. El informe subraya la necesidad de mejorar la recaudación de ingresos, la focalización de programas sociales y la eficiencia en el gasto gubernamental.
En cuanto a las estimaciones macroeconómicas, se espera que las adversidades internacionales mantengan el crecimiento económico alrededor del 2,5% para los años 2026 y 2027, pero podría alcanzar el 4% en los años siguientes debido a las inversiones en infraestructura y las reformas en marcha. Para el año 2025, se anticipa que el crecimiento se mantenga en un 3,8% al final del año, y que las políticas fiscales equilibren la reducción de la demanda privada, con una inflación que se estabilizará gradualmente cerca del 4%, objetivo del banco central del país.
Por otro lado, se espera que el déficit fiscal se sitúe alrededor del 3% del PIB a mediano plazo, con una deuda pública que podría llegar al 30% del PIB al término del periodo proyectado.
El FMI también ha señalado que el balance de riesgos tiende a ser negativo y que las limitaciones en las políticas nacionales podrían obstaculizar las reformas necesarias. Adicionalmente, la incertidumbre en la política comercial internacional y los riesgos para el crecimiento global ‘pueden afectar considerablemente las decisiones de inversión’, mientras que los cambios en las políticas migratorias en los países receptores ‘plantean riesgos para el gasto financiado con remesas’.